En la antesala del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hace un balance para identificar avances en favor de los mexicanos; retrocesos que frenan el desarrollo, limitan las libertades y dañan el Estado de Derecho.

En un comunicado publicado ayer domingo el organismo empresarial reconoció que hay avances en las acciones concretas para enfrentar a grupos delincuenciales, convocar a empresarios para alentar la inversión privada, mejorar condiciones laborales y mantener puentes de negociación con Estados Unidos para evitar afectaciones arancelarias.

En contraste, advirtió que la reforma judicial que derivó en la elección de ministros, magistrados y jueces; la desaparición de organismos autónomos; la falta de un combate real a la corrupción, y la crisis del sistema de salud, que incluye desabasto de medicamentos y falta de atención, son retrocesos que deben revertirse.

Entre los avances, mencionó que, aunque la violencia persiste, se percibe voluntad de atenderla y algunos índices delictivos van a la baja.

“No obstante, persisten fenómenos graves que afectan directamente a la ciudadanía y a la actividad económica: las desapariciones forzosas siguen siendo una herida abierta, mientras que el robo de carga en carreteras, ferrocarriles y puertos —tanto marítimos como aéreos— vulnera las cadenas de suministro y eleva costos logísticos”.

A ello, se suma la extorsión, que continúa como amenaza crítica: entre enero y julio de 2025, las víctimas crecieron 8.2% respecto al mismo periodo previo.

En materia económica, anotó que Sheinbaum ha mostrado apertura al diálogo empresarial mediante el Plan México, el Consejo Asesor y esquemas de inversión mixta.

“La reducción de la pobreza que se explica principalmente por mayores ingresos laborales”.

Entre los retrocesos, la Coparmex destacó la sobrerrepresentación política ha permitido aprobar reformas constitucionales sin un el amplio consenso y análisis que requieren.

“Este fue el caso de reforma judicial que resultó en la primera elección de jueces, ministras y magistrados que evidenció deficiencias estructurales graves, las cuales no se vislumbra que puedan ser superadas, sino más bien profundizadas: apenas el 13% del padrón acudió a votar y más del 16% de las boletas fueron anuladas, inválidas o extraviadas, lo que significó que 2 de cada 10 votos no fueran contabilizados. Estas cifras reflejan no solo una bajísima participación ciudadana sino también fallas graves en la organización del proceso”.

Adicionalmente, la desaparición de organismos autónomos concentra poder en el Ejecutivo y debilita el equilibrio institucional y el Estado de Derecho.