Denuncian presunta privación de la libertad del síndico y su padre, en Santa Lucía, Concordia

“El alcalde Óscar Zamudio Pérez, está igual que su antecesor Raúl Díaz Bernal, no sirve para nada”, estallan los pobladores ante la “noticia” de la presunta privación de la libertad del síndico de Santa Lucía y su papá, actual secretario del Comisariado de la Comunidad de San Miguel del Carrizal, en el municipio de Concordia.

“El síndico se llama Francisco Vizcarra Pérez y su papá Félix Francisco Vizcarra Velásquez, ojalá y los suelten, nadie ha denunciado ante las autoridades, porque sus captores habrían ordenado a sus familiares que no dieran parte a la policía”, aseguran los denunciantes anónimos.

Fue la noche del miércoles 13 de agosto, cuando desde la zona serrana de Concordia, bajó la “noticia” de que un grupo armado había “levantado” a padre e hijo, dejando una estela de miedo en Santa Lucía.

El jueves 14, Ríodoce buscó a Óscar Zamudio, alcalde de Concordia, para preguntarle si tenía conocimiento de la supuesta privación de la libertad de ambos, pero además de la ausencia del primer munícipe, se encontró miedo en los círculos policiacos, donde aseguran no saber nada.

Ante el vacío de la autoridad municipal, los damnificados por la violencia armada en la zona serrana expresan: “estamos jodidos, oiga, los malandros se han apoderado de la sierra, hace días también ‘levantaron’ al presidente del comisariado de La Petaca y le pusieron una golpiza que todavía no se repone… y lo corrieron del pueblo”.

El domingo 10 de agosto, un enfrentamiento protagonizado por grupos armados dejó un saldo de siete personas muertas, en la comunidad de Pánuco, ubicado en la zona serrana del municipio de Concordia.

“Ese es un asunto que venimos teniendo desde hace rato, y nos recrudeció”, dijo el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en el evento de entrega de apoyos a las personas afectadas por las lluvias, realizado el 11 de agosto, en Mazatlán.

El día que ocurrieron los hechos, los pobladores manifestaron que “los mayos habían entrado a la comunidad de Pánuco y por consecuencia hubo personas muertas”.

El ejecutivo estatal sostuvo: “ahí hemos tenido problemas, porque ahí se confrontan mucho, quieren entrar del estado siguiente para acá, y luego para allá, y ahí se han venido confrontando”.

Las palabras de Rocha Moya, en su descripción de la disputa por el territorio entre grupos armados, no sólo aplican para el poblado de Pánuco, sino para la mayoría de las comunidades enclavadas en la zona serrana de Concordia.

El jueves 22 de mayo, el grito de auxilio de los habitantes de San Miguel del Carrizal, Santa Lucía, por los incendios ocasionados por las bombas lanzadas con drones, se unió al clamor de los pobladores de Chirimoyos, La Petaca, El Cuatantal, Potrerillos y El Palmito, pidiendo la intervención del gobierno.

“Hay o había una base militar en el túnel El Sinaloense, pero deoquis, nomás no actúan, hace días, se desató una balacera que duró cinco horas, ahí por Microondas, y no se presentaron, estando ahí cercas; se ocupa que patrullen los pueblos sin saquear las casas, nomás pasan por la carretera”, criticaron el 13 de agosto.

Dos días antes, el 11 de agosto, luego de reconocer el recrudecimiento de la violencia en Concordia, el ejecutivo estatal ofreció apoyar a municipios del sur de Sinaloa.

“Sí (habrá apoyo, para Concordia), estamos en todo el estado, y allá en Pánuco, pues ahí se deja una base (militar)…, hay que llevarles seguridad”, dijo el mandatario.

Desde el domingo 10 de agosto, después de confirmada la masacre en Pánuco, las autoridades de los tres niveles de gobierno intensificaron los operativos de seguridad, pero algunos comerciantes que están hartos de no tener ventas por causa de la violencia, no perciben a las autoridades locales como sus “héroes”, sino al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Aquí en Concordia, algo muy importante va a pasar, andan sobre algún jefe de plaza pesado, porque ya están aquí los ‘gafes’, comandados por Omar García Harfuch”, comentan como si “Omar” fuera el mejor mantra contra la violencia.

El próximo 9 de septiembre se cumple un año que estalló la narcoguerra, cuya prolongación con bombas lanzadas con drones, en mayo pasado, incendió bosques, tienen hartos a los pobladores de la zona serrana de Concordia.

“Esto va para largo, cuántos asesinatos más, levantones, extorsiones y golpizas tenemos que soportar para que los tres niveles de gobierno nos den seguridad y nos dejen vivir en paz”, cuestionan los habitantes de la sierra.

El 31 de mayo, aunque en circunstancias diferentes a la de la presunta privación de la libertad del síndico de Santa Lucía y del comisariado de San Miguel del Carrizal, denunciada el miércoles 13 de agosto, los mineros Prudencio, Santos y José de Jesús, fueron privados por un grupo armado mientras trabajaban en una empresa minera, ubicada en la zona serrana.

Los cuerpos sin vida de los tres jóvenes, fueron encontrados el domingo 1 de junio, aproximadamente a las 11:00 horas en el kilómetro 234 de la carretera libre México 40, cerca de la mina Ochoa, ubicada en las inmediaciones de la comunidad Capilla del Taxte.

El sábado 16 de agosto se cumplían tres días de la presunta privación de la libertad del síndico de Santa Lucía y su padre, secretario del Comisariado de San Miguel del Carrizal, y hasta el cierre de esta edición aún no aparecían.

“Ojalá y los suelten”, claman los pobladores de la comunidad de Santa Lucía.

Artículo publicado el 17 de agosto de 2025 en la edición 1177 del semanario Ríodoce.

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