Apertura amañada por estrategia política
La señora María del Rosario Valdez Valenzuela vive frente a la bahía de Ohuira, en el campo pesquero Paredones. Hace pan de mujer, y está sentada frente a una comitiva de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que de la noche a la mañana llegó allí para una inusual apertura del diálogo con los opositores a la edificación de la planta de amoniaco que a marchas forzadas y aceleradas se levanta en un sitio Ramsar, en Topolobampo.
La señora se chutó casi dos horas del encuentro. No perdió palabra ni argumento. Y ella es una de las pocas que le entiende al tema porque ha estado en muchas batallas e innumerables desencuentros con políticos que las engañaron, desde el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hasta diputados locales, alcaldes e incluso regidores.
Ella sabe que los políticos, todos, sin excepción, mujeres, hombres o de otra clase, son mentirosos, falsos, mediocres. “Vaya si no, ya lo vivimos y lo comprobamos durante 10 años de olvido, atrasos, segregación y favoritismo para los que se sirven de las leyes, de los que trafican con ellas, de los que hacen sus jugadas adineradas con el tráfico de influencias, chingándose al pueblo es como hacen dinero, y aquí es muestra”.
Ella escucha la oferta de que Profepa sí actuará contra GPO (Gas y Petroquímica de Occidente), y como reacción lanza una carcajada que termina en una mueca. “¡Cómo no!, ¡ya hasta parece que les voy a creer! ¡Si nada hicieron en 10 años de lucha ¿Por qué lo harían ahora? Si en una década nos la hemos partido, soportando todo, y ahora estos llegan aquí a decirnos que van a sancionar”.
¡De a cómo no será!, dice con burla.
“Hasta no ver que esa planta de la muerte pare y se vaya de nuestra bahía, entonces podremos reconocer que hay justicia, antes no, diremos que la corrupción en Sinaloa y en México es lo diario y cotidiano. Aquí el dinero mueve las influencias”, sostiene.
A unos 20 pasos de ella está sentado José Luis Luna Bojórquez, un profesionista retirado que le entiende a la tecnología y quien se tomó su tiempo para hacer sus investigaciones propias encontrando que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) había escamoteado al país de la zona costera amparada en una concesión que no sostiene la investigación más superficial.
“Todos sabemos por qué se amparó el ejido Rosendo G. Castro en contra de Profepa y por instrucción de quiénes, porque no pueden sostener lo que siempre se ha dicho, que vendieron zona federal, que la escrituraron y revendieron. En esa trama hay muchos involucrados, desde tráfico de influencias, políticas de gobernadores, diputados federales, secretarios de Estado hasta alcaldes que cambiaron usos de suelo, de organismos de planeación urbana que desordenaron todo, el mercadeo de información confidencial, la complicidad con instituciones federales y muchas cosas más que están a la luz pública, pero que el gobierno de la Cuarta Transformación se empeña en validar. Todos son los mismos que antes, nada cambió”.
Él y otros del organismo Sinaloa Despierta han dado la batalla dentro del reemplazo de fuerzas del colectivo ¡Aquí No! en contra de la petroquímica que se pretende instalar en una bahía que será asesinada y con ella, llevado al exterminio a más de 2 mil familias de pescadores sólo para beneficiar al capital alemán, suizo, estadounidense y a sus prestanombres mexicanos.
Tras escuchar que Profepa comprobó lo que él descubrió: de que los de GPO se habían apoderado ilegalmente de zonas de importancia vital para los ecosistemas marinos, asegura que meses después y tras impugnar resoluciones, aún no sabe exactamente qué es lo que sucede.
“No sabemos si agarraron los papeles y los guardaron, los tiraron a la basura o realmente van a actuar. Si supusiéramos el resultado con base a lo que han actuado en años anteriores, concluiríamos que es una mentira más, un engaño más de estos políticos, pero ya estamos en puerta de una reacción más, como otras tantas que dan resultado desenmascarando”.
“Si hay un litigio ¿Por qué construyen a marchas aceleradas? Es como para justificar que se haga la industria ilegal pasando sobre toda regulación, al fin y al cabo, ya se hizo, pero aún hay cosas legales por hacer, y todavía hay resistencia social de los pueblos que van a desaparecer para favorecer a no más de 40 empresarios, todos ajenos a la región, pero que tienen la aprobación de la clase política doméstica, de los bárbaros, de los mediocres”.
Para Luna Bojórquez, la lucha legal y resistencia social de grupos opositores al desarrollo de zonas prioritarias para los gobiernos y los empresarios es una alternativa para que el medio ambiente no sea impactado severamente.
“Ofrecen proyectos sustentantes, pero para sus bolsillos; dicen que tienen políticas de buen vecino, pero a los que se les doblegan y les permitan usar esos territorios como su basurero; dicen que es tecnología de punta no contaminante, bueno, pues que la instalen en sus países y que ellos sean las potencias que añoran, pero sin sacrificar a inocentes”.
Artículo publicado el 10 de agosto de 2025 en la edición 1176 del semanario Ríodoce
