Insólito: Profepa dialoga con ¡Aquí No! en su propio territorio

De la noche a la mañana, y tras sacar a esferas internacionales el caso de la planta de amoniaco que se asienta en Topolobampo en territorios indígenas no aptos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se reunió el pasado viernes con el colectivo ¡Aquí No! fijando posturas coincidentes en investigar los delitos ambientales que se cometen al amparo de una concesión.

Marco Antonio Moreno León, delegado de Profepa en Sinaloa, dijo que se trata de atender en el territorio a la comunidad indígena que tiene alguna clase de controversia con los proyectos que se detonan en sus territorios para recepcionar denuncias de probables delitos ambientales que suceden al amparo de una concesión.

“Es una apertura de mesa de diálogo, conocer su sentir, y apoyarlas en materia de delitos ambientales con actuaciones a realizar. En esta zona hay un caso con la planta de amoniaco que ya se está atendiendo”, dijo.

Este reconoció que, por el momento, las actuaciones están paralizadas debido a un amparo que la comunidad del ejido Rosendo G. Castro interpuso contra las inspecciones de territorio ocupado, pero que continuarán en cuanto se dé la resolución.

El delegado reveló que estaba por realizarse la audiencia constitucional una vez que el perito designado por el juez de la causa entregó los estudios sobre los territorios.

“Después se emitirá una sentencia y con esta ya podremos actuar”, señaló.

Dijo que, por secrecía de la investigación, no se pueden dar a conocer los resultados.

El nuevo rostro de Profepa es cuidar el territorio y la cara de los defensores de los territorios sobre las aperturas de negocios con apego a las normas legales, y que los proyectos las cumplan.

Aseguró que la dependencia no será omisa si las empresas están violando alguna de las leyes ambientales, sino que fincará responsabilidades a cualquier actor.

En la audiencia que se abrió a la comunidad después de haber sido pactada como privada y a puerta cerrada en la cooperativa Eustaquio Buelna, Moreno León ofertó que continuarán las mesas de diálogo, y en estas, un tercero, parte de la comitiva, aseguró que se está por delimitar la Zona Federal Marítimo Terrestre, si la empresa cruzó sus linderos de superficie, invadió el mar, determinar y cuantificar la misma.

En el caso, también se reveló que la zona fue inspeccionada durante nueve días por personal de la Ciudad de México, pero no se ha revelado lo que se encontró.

Claudia Susana Quintero Sandoval, miembro de ¡Aquí No!, dijo que el amparo del ejido es porque se pretende ocultar que escrituraron zonas federales y se concesionaron terrenos indebidamente, pero también porque pretenden evitar sanción, porque en junio del 2024 encontraron que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente rellenaron 8.3 hectáreas de ornato de las 9 que tenían concesionadas localizando construcción fuera del polígono de 3.6 hectáreas autorizadas para la planta.

¿Por qué no han actuado?

Moreno respondió que los inspectores no emiten sanción, y esa parte está abierta porque la empresa no solventó con las concesiones, aunque detenida momentáneamente por el juicio de amparo que se desahoga. “En cuanto se resuelva, actuaremos”, dijo.

Quintero replicó que la dependencia actúa con dolo retardando actuaciones pedidas en denuncias durante años, lo que fue refutado por el funcionario que en descargo insistió que se continúan las inspecciones y lo que se ha encontrado es que la empresa tiene las autorizaciones de Semarnat para trabajar.

Melina Sandoval, de Lázaro Cárdenas, dijo que la planta de amoniaco ya está causando problemas a las comunidades porque afectó la reproducción natural de las especies al dañar el mejor pescadero de la bahía de Ohuira, rellenaron bajos.

“El gobierno está dando permisos a las empresas de talar mangles y de dañar la pesca, pero a los residentes se les prohíbe tirar una tarraya para sacar qué comer, y si me agarran me voy presa; pero a este monstruo se le permite robarnos la vida a la vista de todos y con anuencia oficial”.

Felipe Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira y uno de los anfitriones de la reunión, concluyó que la empresa GPO y la planta de amoniaco es evidencia de que en el país las grandes empresas internacionales pueden violar sin consecuencias jurídicas ni legales todas las leyes, todos los acuerdos, todos los convenios internacionales y afectar todas las formas de subsistencia humana.

“Sabemos que los intereses políticos y económicos están sobre los pueblos originarios, y si no pueden, hay amenazas y hostigamiento; a usted le van a hablar de que cambie todo esto, estos acercamientos, porque lo han hecho y continuarán haciéndolo. Ocupamos que ustedes hagan para evitar el ecocidio y el etnocidio, nuestra subsistencia y vida está en las manos de ustedes, así es que hagan su trabajo”.

Artículo publicado el 3 de agosto de 2025 en la edición 1175 del semanario Ríodoce.