Según estadísticas proporcionadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en lo que va del 2025, la CEDH ha recibido 60 quejas contra distintas corporaciones de seguridad en Sinaloa, 51 de ellas dirigidas hacía las policías municipales; también destacan cuatro dirigidas a la Policía de Investigación del Estado y seis a la Policía Estatal Preventiva.
De acuerdo con Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, el municipio de Guasave se encuentra en el tercer lugar, con 10 quejas contra agentes pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable. Conforme a las estadísticas, al municipio del norte del estado le anteceden Mazatlán con 17 denuncias, y Culiacán con 10 quejas, luego de Guasave se localiza Ahome con nueve, Navolato, al igual que Escuinapa, sólo cuenta con dos quejas hasta el momento.
Cortines: foco rojo
Loza Ochoa comentó que, en el caso de Guasave, son los elementos de tránsito los que cometen más transgresiones a los derechos humanos de los ciudadanos, siendo la sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines el lugar donde se suscitan con mayor frecuencia. “En Guasave hay sobre todo con Tránsito, incluso hay una comunidad a la cual le estaría diciendo que han estado privilegiando, lo que es Ruiz Cortines”, expresó.
En dicha sindicatura, durante el transcurso del día 28 de junio, tanto agentes de tránsito, como de la Policía Municipal, presuntamente agredieron a un hombre y una mujer, identificada como Ramona, por tener aparcado un camión afuera de su domicilio, dicho vehículo es utilizado como sustento por el matrimonio agredido para transportar a personas que se dedican a la labor agrícola, y aunque los oficiales de Tránsito le dieron inicialmente un plazo de 24 horas para retirarlo, solo pasaron dos horas antes de que regresaran con una grúa y más elementos policiacos, los cuales esposaron al hombre mientras otros agentes intentaban hacer lo mismo con Ramona.
Lorena Landeros Rosales, visitadora de la zona norte de la CEDH, señaló que el actuar de los agentes es cuestionable indicando que, “fue muy arcaico, muy falto de civilidad y de respeto a los derechos humanos de los ciudadanos”.
El presidente de la comisión sentenció que, al recibir el reporte de este caso, y tras analizarlo, se decidió que serán muy puntuales en las sanciones que se les deberán aplicar a los sujetos implicados en el abuso de autoridad, ya que se violentó a una mujer enferma.
“Hay una mujer incluso enferma a la que maltrataron. Yo creo que ahí vamos a ser muy especialmente puntuales en la sanción que deben de recibir los agentes. La recomendación la vamos a trabajar lo más pronto posible”, puntualizó.
Loza Ochoa reveló, que, independientemente del caso de Ramona y su esposo, en la localidad de Ruiz Cortines, las violaciones a los derechos humanos, especialmente las detenciones con golpes, ejercidas por elementos que forman parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, la cual está a cargo de Juan de Dios López Rubio, se ha vuelto parte de la cotidianidad de la sindicatura.
“En Ruiz Cortines, donde los tránsitos han estado entrando hasta las casas particulares para detener a personas que consideran infractores de la ley de Tránsito municipal, que nos parece una verdadera arbitrariedad, y nos han reportado incluso golpes durante la detención, que obviamente también es ilegal y violenta”, determinó el defensor de los derechos humanos.
Se disparan quejas en contra de elementos de seguridad.
A pesar de que en la CEDH existe un rezago en los expedientes desde el año 2017, y se trabaja “a marcha forzada” para concluirlos y presentarlos a las autoridades correspondientes, Loza Ochoa detalló que desde el 9 de septiembre del 2024, se incrementaron las quejas contra autoridades estatales y municipales, derivado de la ola de violencia que azota mayormente al sur de Sinaloa, y de la forma en que actúan algunas corporaciones; sin embargo, aclaró que estos datos no contemplan quejas contra autoridades federales.
Causa y solución
Al referirse a las causas que originan las agresiones, Óscar Loza Ochoa señaló que históricamente “todo mundo que tiene un cachito de autoridad tiende a abusar de ella”, pues se pierde de vista que, incluso ante faltas administrativas, las personas siguen siendo ciudadanos con derechos.
En este sentido, sostuvo que para prevenir abusos policiales es indispensable fortalecer la cultura del respeto a los derechos humanos, especialmente en la formación de los agentes que trabajan en calle, para que entiendan que su deber es salvaguardar los derechos y no actuar con exceso de fuerza ni con afán de venganza.
Mientras tanto, Guasave permanece como tercer lugar estatal en quejas por abusos policiales, y la sindicatura de Ruiz Cortines se mantiene como un foco rojo, donde la ilegalidad parece haberse normalizado entre quienes deberían garantizar el orden.
Artículo publicado el 6 de julio de 2025 en la edición 1171 del semanario Ríodoce.
