El ex alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y los ex integrantes del Comité de Adquisiciones fueron vinculados a proceso por el arrendamiento de patrullas por el que presuntamente pagaron un sobre costo de 42 millones de pesos.

Durante más de nueve horas los defensores presentaron documentos y argumentos para convencer al juez Carlos Alberto Herrera de que dictara auto de no vinculación.

El juez resolvió que sí había elementos para vincularlos y aseguró que los ex funcionarios actuaron con dolo porque sabían que el monto del contrato superaba el tope para entregarlo por adjudicación y conocían que la Ley exigía licitación pública.

En sus argumentos, José Antonio Sánchez, abogado de Vargas Landeros, presentó un peritaje que señala que la contratación estaba dentro del marco legal y uno más en el que el perito analiza la inseguridad en Ahome y determina que después de 2021, tras la renta de las patrullas, hubo una disminución en la inseguridad y el INEGI ubicó al municipio como uno de los más seguros del país.

Mencionó que Vargas Landeros contrató el arrendamiento para atender un oficio que le envío el entonces director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Julio César Romanillo Montoya, en el que indica que requieren patrullas.

Sergio Avendaño, abogado de Romanillo Montoya, mencionó que el funcionario no tuvo participación en la contratación.

Aseguró que Romanillo Montoya no estuvo en la reunión del Comité en la que se aprobó el arrendamiento y en el contrato su firma no aparece como contratante sino como “corresponsable”, figura jurídica que no existe en ninguna Ley ni reglamento y de la modificación posterior se enteró cuando revisó la carpeta de investigación.

Su firma en el contrato, mencionó, tiene el mismo efecto que la de los testigos.

Eduardo Armenta, abogado del ex secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, mencionó que el secretario no tenía facultades para hacer contrataciones.

Dijo que firmó el contrato por una formalidad administrativa para dar fe de los actos en los que interviene el presidente, porque así lo establece el Reglamento municipal.

Luis Fernando Gómez, defensor de Humberto Vega Arellano, presentó una entrevista con Diego Gaspar Villarias, accionista de Grinleasing la empresa contratada, quien dijo que por la pandemia había afectaciones en la producción de vehículos.

Para cumplir con el contrato, detalló, hicieron una alianza con Casanova Vallejo y se hizo una modificación al contrato con el Ayuntamiento que contemplaba más vehículos y un costo menor.

El contrato fue adjudicado sin licitación a la empresa Grinleasing por 161 millones de pesos para el arrendamiento de 135 patrullas, pero la empresa no tenía patrullas y las rentaba a Casanova Vallejo.

Según la Fiscalía, sí el Ayuntamiento hubiera rentado las patrullas a Casanova Vallejo, hubiera pagado 42 millones de pesos menos.