El ex alcalde de Ahome presentó un amparo para ser reinstalado en el cargo, pero un juez se lo negó

El ex alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, buscaba revertir el desafuero con un amparo en el que le fue negada su reinstalación, debido a que de volver a la presidencia municipal se impediría que sea investigado y a cambio denunció penalmente al juez de la causa penal.

Vargas Landeros tiene una investigación por el delito de ejercicio indebido del servicio público por el arrendamiento sin licitación de 126 patrullas por 171 millones de pesos y otra por abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos por negarse a dar información a la Fiscalía para la investigación del arrendamiento de las unidades.

El ex presidente municipal fue desaforado el pasado 2 de mayo por el Congreso del Estado por solicitud de la Fiscalía General del Estado para ejercitar acción penal en su contra.

El ex alcalde promovió un amparo y solicitó una suspensión del desafuero para que lo reinstalaran, pero le fue negada; y pidió al juez de la causa penal dejar el caso debido a que lo demandó penalmente y la solicitud también fue desechada.

En la demanda de amparo, en el juzgado de distrito, Vargas Landeros pidió dejar sin efecto el desafuero a fin de que no se generen perjuicios de difícil reparación e incluso de imposible reparación, y ser reinstalado en su función de presidente municipal.

Los magistrados del Tribunal Colegiado señalaron que los procedimientos de declaración de procedencia tienen por objeto remover la inmunidad procesal o “fuero” que la propia Constitución atribuye a ciertos servidores públicos y que el sujeto quede a disposición de las autoridades correspondientes para ser juzgado penalmente como cualquier otro ciudadano común que no goza de tal prerrogativa, es decir, que lo sitúa en un plano de igualdad respecto del común de los gobernados.

Detallan que restituirle el fuero y cargo de presidente municipal impediría el ejercicio de la acción penal ante el juez.

“Es improcedente conceder la suspensión para los efectos pretendidos por la parte quejosa, esto es, permitir al quejoso que se reintegre al servicio público como Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, porque ello no solamente conlleva reinstalación en el cargo citado, sino también restituirle el fuero, y esa circunstancia conlleva perjuicio al interés social, pues se permitiría que al amparo de la inmunidad de que goza el quejoso como servidor público, pudieran quedar sin perseguirse los delitos cuya comisión se le atribuye”, indica la sentencia.

Mencionan que debe pesar más el interés colectivo que el interés personal, en el sentido de que no quede sin perseguirse la comisión de un delito cometido por algún servidor público.

“Es más reprochable —socialmente hablando—, que al resguardo de la citada inmunidad se cometan conductas que pudieran constituir delitos, pues ello implicaría un abuso de la investidura de facultades que la soberanía popular deposita en dichos servidores públicos”, señala la sentencia.

La semana pasada, el ex presidente municipal y su Comité de Adquisiciones acudieron al Centro de Justicia Penal en Culiacán para enfrentar la imputación por la presunta contratación sin licitación de 126 patrullas por 171 millones de pesos.

En esa causa penal también están involucrados Gerardo Iván Hervás Quindos, Héctor Adonai Beltrán Moreno, Antonio Humberto Vega Arellano, Fausto Ibarra Celis, Julio César Romanillo Montoya, Genaro García Castro, Judith Luna y Marisol Morales, todos ex integrantes del Comité de Adquisiciones.

Al iniciar la audiencia el juez Carlos Alberto Herrera dijo que recibió un documento de los abogados de Vargas Landeros en el que le informan que lo denunciaron penalmente por la comisión de un delito y por lo tanto estaba impedido para continuar en la causa penal y le pedían que dejara el caso.

El juez solo respondió que no era posible atender la solicitud por cómo estaba planteada.

El juzgador fue denunciado por violación a la Ley de Amparo por la orden de aprehensión que libró contra el ex alcalde y con la que fue detenido en su domicilio en Los Mochis el 30 de mayo.

Según los defensores del ex presidente municipal, Vargas Landeros no podía ser detenido debido a que en un juicio de amparo un juez federal le había concedido una suspensión contra la orden de aprehensión y no podía ser detenido.

Tras la negativa del juez de dejar la causa penal, abrió la audiencia, pero no pudo celebrarse ya que Vargas Landeros, Judith Luna y Hervás Quindos, no tenían copia de la carpeta de investigación.

El fiscal, Marco Antonio Álvarez Armenta, mencionó que en tres ocasiones los citaron para que recogieran el expediente y no se presentaron.
Durante la audiencia los fiscales entregaron los 22 tomos con 15 mil 474 fojas, por lo que los defensores pidieron al juez un plazo de 30 días para revisarlo.

El juez reprogramó la audiencia para el próximo 3 de julio, y advirtió que de no estar preparados los abogados o si los imputados se presentan sin defensores, nombrará defensores públicos para celebrar la sesión.

Artículo publicado el 15 de junio de 2025 en la edición 1168 del semanario Ríodoce.