Interponen queja en tribunal contra juez de distrito que resolverá amparo de silencio

La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de Sinaloa fue emplazada por un juez de distrito a que exponga las causas por las que frenó la petición de juicio político contra el gobernador Rubén Rocha Moya que un civil de Los Mochis le solicitó formalmente debido a la negativa del mandatario por saldar las cuentas de la paraestatal Fibrasin, de la que los burócratas fueron obligados a asociarse a través de descuentos vía nómina.

El Congreso, en lugar de aclarar la situación y remitir los informes justificados en el juicio de amparo 559/2025, optó por presentar una queja para que un juez superior frene al Juez Primero de Distrito de Sinaloa que estaba por resolver la suspensión provisional en favor del quejoso, un burócrata jubilado que durante su vida laboral aportó parte de su sueldo para crear y fondear a la empresa paraestatal Fibra-Sin, SA, que presuntamente procesaría el bagazo de la caña de azúcar.

La empresa fue fundada en 1981 por el entonces gobernador Antonio Toledo Corro con aportaciones de mil 359 burócratas. Los gobernadores sucesivos, desde Francisco Labastida Ochoa hasta Rubén Rocha Moya se han negado a responder a los socios, quienes solo han recibido evasivas de lo que sucedió con Fibra-Sin S.A.

“En lugar de responder al juez con sus argumentos, los diputados recurren a tretas legales que no tendrán mayor efecto más que las de retrasar el juicio, pero al que serán conducidos por una u otra vía. Apelan a cochinadas para proteger las espaldas al gobernador Rubén Rocha Moya, cuyos argumentos resultan también mediocres para evadir su responsabilidad de pagar por los daños causados a los ingresos de los trabajadores, no de un año, sino de décadas de descuentos para una empresa de la que nunca obtuvieron nada, sólo estafó a centenares de burócratas durante años”, dijo Bruno Radamés Valdez Leyva.

Este ya también resintió la represión gubernamental pues fue despedido de su plaza en el gobierno del estado cuando se enteraron que era quien reclamaba los derechos de su padre, ya jubilado.

“Los últimos seis gobernadores le quitaron a mi padre un derecho de una pensión justa, le despojaron de parte de su salario para fondear una empresa fraudulenta. Y como a él, lo mismo lo hicieron a más de 650 trabajadores. Lo justo es que el gobierno pague los daños que ocasionó a los trabajadores. Si no es Rocha será el que le releve, pero de que pagan, van a pagar. Así como Rubén Rocha pagó una cuenta ante el Sistema de Administración Tributaria que le heredó Quirino Ordaz Coppel y no hizo ningún gesto, así, Rocha también va a pagar lo que le heredó Quirino Ordaz y a este Malova y a aquel otros”.

Valdez dijo que este jueves, su abogado le notificó que el Congreso había interpuesto la queja contra la admisión del amparo y los requerimientos de informes previos y los justificados que les fueron despachados, para frenar el avance del amparo 559/2025.

El emparo fue interpuesto el miércoles 4 de junio a las 10:34 horas en oficialía de partes y recayó en el Juzgado Primero de Distrito. Este se interpuso en contra de actos del Congreso del Estado de Sinaloa que omitió responder a Valdez Leyva sobre la petición formal para que este se erigiera como tribunal para someter a juicio político al gobernador Rubén Rocha Moya por desacato a órdenes judiciales que le obligaban a pagar los daños a los trabajadores que fungieron como accionistas de la paraestatal.

Aseguró que Rocha se ha negado a resolver el asunto y solo da largas y evasivas a los jueces que lo están requiriendo.

Y ahora resultó que los diputados protegen al gobernador y perdieron la celeridad con la que actuaron para el desafuero de los alcaldes de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, el Químico, el de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y el de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, dijo.

“En esos casos trabajaron de madrugada para resolverlos, pero cuando se trata de Rocha Moya se hacen los muertos, los sordos y mudos, y se desatienden. Se embarraron de lodo y cochinada protegiendo a su gobernador, pero tarde o temprano tendrán que dar la cara y se someterán a la justicia federal, y tendrán que pagar el daño que ellos también están provocando a los jubilados”, afirmó.

Valdez señaló temer por su vida y la integridad de su familia debido a los nexos con poderes fácticos que los sinaloenses le atribuyen al gobernador, pero “no dejaré que el asunto se pierda, pues a eso le apuesta el Estado. Atrás de mí hay centenares de jubilados que esperan recuperar lo que el gobierno les quitó a la fuerza, y hay también quienes continuarán la lucha”.

Artículo publicado el 15 de junio de 2025 en la edición 1168 del semanario Ríodoce.