Azota multihomicidio después de los incendios en la zona serrana de Concordia

Antes del crimen múltiple perpetrado por un grupo armado contra tres mineros, los habitantes de Santa Lucía y pueblos circunvecinos habían advertido al gobierno estatal y municipal: “Las comunidades de la sierra no pueden seguir esperando cada día sin agua, sin alimentos y bajo fuego, porque es una violación directa a los derechos humanos; esta no es solo una crisis ambiental, es una emergencia humanitaria con responsabilidad institucional”.

El sábado 31 de mayo, nueve días después del biocidio denunciado por las comunidades de Chirimoyos, La Petaca, El Cuatantal, Potrerillos, El Palmito y San Miguel del Carrizal, perpetrado por bombas lanzadas desde drones, en la zona serrana del municipio de Concordia, llegó el zarpazo del multihomicidio.

El viernes y sábado, 30 y 31 de mayo, luego del luto y las lágrimas derramadas por la flora y la fauna, el pensamiento mágico de algunos campesinos se abrazaba con la naturaleza y la cultura política, vía ciclo del agua y Facebook.

“Dirán que soy cursi…bueno fue más fuerte nuestra fe y rezando parece que logramos que Dios nos mande agua para apagar incendios, porque el gobierno simplemente no sirve para nada”, escribió Roque Vargas.

Y luego ocurrió el milagro: “Primera lluvia que nos envía Dios escuchando nuestros ruegos, esto es una clara verdad que unidos hasta Dios nos escucha, mejorará nuestra paz, porque reverdecerán nuestros bosques y se apagaron los incendios, bendito Dios y nuestra virgencita que escuchó nuestros rezos”.

“Amigo Roque Vargas, la oración tiene poder”, reviró otra campesina.

Durante la racha de los “incendios” de abril y mayo, trascendió que dos integrantes de una brigada que combatían el fuego, sufrieron graves quemaduras y fueron atendidos en el hospital general de Mazatlán.

El multihomicidio

En ese contexto de reproche al gobierno por llegar tarde a combatir los incendios en el bosque, se sumó la impotencia de los escasos habitantes de Santa Lucía, cuando azotó la noticia de la muerte de los tres mineros.

Los cuerpos sin vida de Prudencio, Santos Cecilio y su compañero José de Jesús, fueron encontrados el domingo 1 de junio, aproximadamente a las 11:00 horas en el kilómetro 234 de la carretera libre México 40, cerca de la mina Ochoa, ubicada en las inmediaciones de la comunidad Capilla del Taxte.

Los familiares de los mineros que laboraban en la mina Ochoa los habían buscado desde la tarde-noche, pues no llegaron temprano a sus casas, pese a que ese sábado 31 de mayo habían trabajado medio día en dicha empresa.

Versiones extraoficiales aun no confirmadas por las autoridades encargadas de impartir justicia pronta y expedita, aseguran que un grupo armado habría irrumpido en las instalaciones de la empresa minera, preguntaron cómo se llamaban cada uno de los trabajadores y seleccionaron a los tres mineros.

“El sábado me informaron que hombres armados fueron a la mina a la hora que los peones iban a salir de trabajar y los nombraron a cada uno de ellos, a todos, y que a ellos nomás los seleccionaron”, dijo la fuente extraoficial.

Acto seguido, Prudencio, su hermano Santos Cecilio y José de Jesús, habrían sido privados de la libertad por el grupo armado que después se los llevó al lugar de los hechos donde fueron hallados muertos a balazos.

El miércoles 5, los hermanos Prudencio y Santos Cecilio fueron sepultados en el panteón de Concordia, en medio de la pregunta sobre los móviles del multihomicidio, pues causó sorpresa a quienes en Santa Lucía los conocían como hombres de trabajo, al margen de las circunstancias en que murieron.

“Estamos sorprendidos con la muerte de Prudencio y Santos Cecilio, quienes vivían en Santa Lucía, pero antes vivieron en Río Florido, porque eran hombres de trabajo del día a día, laboraban en la mina, como lo hicieron en su tiempo en la Secretaría de Comunicaciones, pintando los túneles de la carretera Mazatlán-Durango”, aseguran sus dolientes.

Relatan que los finados no fueron a enterrarlos en el panteón de Santa Lucía, porque hace dos meses que murió una persona, mientras familiares y amigos estaban haciendo la fosa donde la sepultarían, intempestivamente les lanzaron una bomba, que si la gente no corre a tiempo no hubiera vivido para contarla.

“Estaban haciendo la fosa, cuando les echaron un bombazo y la corredera de gente, que nomás les cae la bomba ahí donde estaban haciendo la fosa los mata”, recuerdan.

“Y el gobierno, bien gracias”

Las historias de terror relatadas por los habitantes de Santa María no son nuevas, datan desde los gobiernos del PRIAN, como el sexenio de Quirino Ordaz Coppel, cuando el 21 de septiembre de 2017, un grupo armado saqueó las despensas de la entonces Diconsa y otras tiendas de abarrotes aledañas.

Durante esa jornada de terror, los sicarios robaron aceite vegetal comestible, avena, atún en aceite, arroz envasado, chocolate en polvo, frijol pinto, galletas de animalitos, harina de trigo, azúcar envasada, pasta para sopa, chiles enlatados enteros y café soluble en frasco, entre otras mercancías.

En 2017, los damnificados criticaban la fallida estrategia de seguridad pública instrumentada por los tres niveles de gobierno a pesar de que tenían drones.

“Si quisiera el gobierno, pusiera aquí militares y con rondines en la noche, ayudados con los mentados drones, sacaran a los delincuentes de sus guaridas, pero no lo hacen y los del gobierno vienen en el día, después de atole, cuando los delincuentes ya huyeron, pero regresan a saquearnos”.

“Y el gobierno, bien gracias”, arremeten, porque las autoridades estatales tardaron hasta el 2 de junio, para recoger los cuerpos de los tres mineros.

Artículo publicado el 08 de junio de 2025 en la edición 1167 del semanario Ríodoce.