BRUNO RADAMÉS VALDEZ. Por los jubilados.
Piden juicio político contra Rubén Rocha, ante un Congreso omiso
El gobernador Rubén Rocha Moya fue requerido a juicio político ante el Congreso de Sinaloa por un particular, que lo acusa de omisión, en un juicio de amparo previo en el que se negó a responder oficialmente sobre un retorno financiero a jubilados del gobierno y accionistas forzados en la empresa paraestatal Fibrasin.
Bruno Radamés Valdez Leyva, en representación de su padre, Israel Valdez Sandoval, ex trabajador de Gobierno del Estado y socio forzado de la empresa Fibrasin o Fibra-Sin, denunció que la demanda de juicio político en contra del gobernador fue presentada el 7 de mayo en Oficialía de Partes del Congreso de Sinaloa y el pasado 22 de mayo causó omisión porque no respondieron, por lo que el asunto se ventilará en Juzgados federales, en donde Rocha Moya será indiciado por segunda ocasión.
La acusación de juicio político fue dirigida a Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez como secretaria General del Congreso local, quien no ha respondido si esta fue desechada o enviada a la Comisión Instructora.
“Es claramente una omisión deliberada, que da causa para un segundo juicio de amparo porque el Congreso estaba obligado a responder por escrito en 10 días y notificar al interesado. No lo hizo, porque creen que el silencio protege al gobernador, pero no es así, porque hay secuencia legal para hacerlo comparecer y para obligar la respuesta esperada, es decir, el proceso a juicio político al gobernador. La protección se acredita fehacientemente, pues en el caso del alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, lo separaron del cargo en tres días con el mismo procedimiento que ahora no atienden. Pero en algún momento van a tener que iniciarlo, en uno dos o tres meses, pero lo van a iniciar”, dijo.
El de juicio político, expuso el demandante, es similar al juicio de amparo 246/2022-1B que el equipo legal del gobernador pretendía sobreseer con influencias políticas, pero en el que un tribunal de alzada, el Segundo Colegiado, rectificó ordenando la reposición del procedimiento y obligando al mandatario a contestar sobre la existencia de la empresa Fibrasin, que asegura no conocer pese a resultar ser el presidente del Consejo de Administración, el entonces secretario general de Gobierno, secretario del mismo, y el tesorero, quien fondeaba a la empresa.
Según Valdez Leyva, en el 2024 Fibrasin se fondeó con recursos estatales.
“Pero ahora dice que no sabe nada de ella. Es que es la caja chica del gasto corriente del gobierno, y no quieren que trascienda su existencia, y menos pagar lo que les deben a los accionistas, unos mil 359 ahora trabajadores jubilados, que el 19 de octubre de 1982 mediante el decreto estatal 227 fueron forzados por el gobernador Antonio Toledo Corro a comprar acciones con los sueldos”.
Recordó que, desde ese entonces, los trabajadores pagaron sus acciones con descuentos vía nómina, y la contraprestación jamás fue recibida, ni los títulos de acciones ni dividendos o utilidad, mucho menos balance de situación financiera ni ningún otro documento.
Incluso, nunca fueron enterados que la empresa se construyera en terrenos en donde ahora se levanta el palacio del gobierno de Navolato.
“En el papel, Fibrasin existe, está fondeada con recursos públicos, pero físicamente no hay un ladrillo en la dirección social de la empresa. El terreno está allí, pero no hay un solo ladrillo”.
“Tampoco se ha sabido que Fibrasin tuviera operación de siembra de caña para proveer a los ingenios de Sinaloa, pero los descuentos vía nómina se hicieron. La responsabilidad es del gobierno, y es este el que debe de dar cuenta y pagar a los socios lo que debe pagar. Desde Toledo Corro hasta Rubén Rocha, todos los gobernadores son responsables por tracto sucesivo, y quien sea, debe responder por los daños a los trabajadores de entonces, ahora jubilados. Si se robaron el dinero, si lo desviaron a otras causas, es responsabilidad de ellos, y lo justo es que el trabajador que fue forzado a invertir en la empresa paraestatal obtenga su retorno. Rocha debe de tener esa responsabilidad y no evadirla, como ahora lo hace”.
En el juicio de amparo, que es pie del juicio político, Rocha mintió deliberadamente al Juez Quinto de Distrito diciendo que no sabía del asunto, que no estaba enterado, pero se le demostró que él es el presidente del Consejo de Administración y ahora deberá de dar cuentas al juez federal de la causa, le guste o le disguste, aunado también que por el pretendido engaño al magistrado federal se le dio vista al Ministerio Público Federal para que inicie la carpeta de investigación, aseguró.
También a los diputados que están protegiendo al gobernador les va a llegar el turno, pues no hay ley que los proteja de la omisión en que están incurriendo.
Valdez Leyva pidió a los trabajadores jubilados del estado que fueron forzados a comprar acciones de Fibrasin a sumarse a la causa para obtener dividendos de algo que les despojaron.
“Quien pague los platos rotos, no importa; lo que interesa es el retorno de lo que el gobierno les quitó a nuestros padres, su salario. Les robaron un bienestar a que tenían derecho, y eso incluye a todos los gobernadores, desde Toledo Corro hasta Rubén Rocha, todos. Así es que lo justo es que paguen”.
