La titular del organismo Kena Leyva (Izquierda) renuncia al cargo en medio de acusaciones

Lo que comenzó como una serie de tensiones internas en el Instituto Municipal de las Mujeres de Guasave (IMMUJERES), terminó por convertirse en un escándalo público que involucra denuncias por acoso laboral, corrupción administrativa, despidos injustificados y la presunta manipulación de recursos públicos.

La filtración de dichas situaciones, llevó a la directora del IMMUJERES, Kena Leyva Camacho, a separarse temporalmente del cargo.

Denuncias

“Una mujer que violenta no puede estar al frente de un espacio que se supone protege a otras mujeres”, dijo María Antonia López, quien denunció haber sufrido violencia psicológica y presiones para encubrir irregularidades administrativas.

Según su testimonio, la directora del organismo les pedía facturas falsas para justificar eventos que nunca ocurrieron.

López, quien se desempeñaba como encargada de la plataforma de transparencia del Instituto, y la contadora Norma Rodríguez, fueron despedidas del IMMUJERES. Ambas argumentaron que fueron víctimas de hostigamiento laboral por parte de Leyva Camacho, y que, además, el despido fue injustificado.

“Nos decía que, si salíamos a comer o cenar, pidiéramos facturas. Si no salíamos, que buscáramos cómo conseguirlas”, relató López.

Añadió que, en una ocasión, para justificar un gasto de 30 mil pesos en alimentos, la directora las instruyó a llevar tortas a distintos centros de rehabilitación, cambiarse de uniforme y escenario para simular múltiples eventos, e incluso pedir a las internas que se cambiaran de ropa para no aparecer igual en las fotografías.

Norma Rodríguez, quien tenía 11 años y ocho meses laborando como contadora del instituto, fue despedida el 14 de marzo acusada de haber filtrado una factura, a pesar de que dicho documento ya era público en la plataforma de transparencia. Ella asegura que en múltiples ocasiones advirtió a Leyva Camacho sobre los gastos excesivos y que estos podían ser observados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), pero no acató sus recomendaciones.

A estos despidos se suma el de Ana Karen Gaxiola, ex psicóloga de SIPINNA y madre de un niño con autismo, quien señala de haber sido cesada tras apoyar una iniciativa de la regidora Zulma Karina Gámez Hernández para crear políticas públicas enfocadas en niñas y niños autistas.

Gaxiola acusa directamente a la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya de presionarla para desistir de su apoyo, aunque el argumento oficial de su salida fue una supuesta “reingeniería” administrativa.

Hasta el momento, ninguna de las tres extrabajadoras ha sido liquidada. La administración municipal ha argumentado que existen pendientes desde administraciones anteriores, incluso desde el trienio 2014-2016, lo que retrasa los pagos.

CEDH

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició un seguimiento formal. La visitadora de la zona norte, Lorena Landeros Rosales, confirmó que las tres ex trabajadoras han presentado quejas por posibles violaciones a sus derechos laborales.

Landeros Rosales enfatizó que el acoso laboral dentro del servicio público puede derivar en penas de hasta cuatro años de prisión y siete años de inhabilitación.

Ante estos testimonios, regidores de diferentes partidos solicitaron que se llevara a cabo una sesión extraordinaria de cabildo con la comparecencia de Kena Leyva Camacho y del titular del Órgano Interno de Control, Marco Antonio Báez Rochín, para que informen sobre el estado de las investigaciones. Dicho planteamiento fue rechazado por Cecilia Ramírez Montoya mediante un oficio dirigido al cuerpo edilicio.

En el documento, argumentó que IMMUJERES es un organismo descentralizado con autonomía administrativa, y que cualquier asunto relacionado con su funcionamiento debe tratarse ante su Consejo Directivo, no en Cabildo.

Entre quienes respaldaban esta exigencia se encuentran Zulma Karina Gámez (Morena), Mónica López (PRI), Alba Virgen Montes (PAS), Fernando Cárdenas (PAN) y Gregorio Hernández (Movimiento Ciudadano).

Gregorio Hernández Romero cuestionó la forma en la que se está llevando a cabo la investigación por el OIC y el Síndico Procurador, “¿Cómo es posible que el Órgano Interno de Control esté realizando una investigación mientras la titular aún permanece dentro de la institución? Sin duda, esto se presta para maniobras oscuras, para pensar que hay una protección hacia la directora del Instituto”.

A pesar de que la presidenta municipal subrayó que la investigación contra Leyva Camacho debe conducirse bajo los principios de legalidad, presunción de inocencia y debido proceso, advirtió que exigir la comparecencia pública de funcionarios investigados podría vulnerar derechos humanos fundamentales.

Tras la separación temporal de Kena Leyva el 15 de mayo, la dirección provisional del Instituto Municipal de las Mujeres quedó a cargo de Claudia Margarita Cervantes Camacho, quien se desempeñaba como asesora jurídica del propio organismo.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de nombrar a una nueva directora definitiva, Ramírez Montoya respondió que esa decisión dependerá del resultado de las investigaciones.

Respuestas a puerta cerrada

Ante los señalamientos, tanto Kena Leyva Camacho, como la presidenta municipal, refutaron las acusaciones, lo hicieron evitando declaraciones espontáneas, optando por una estrategia comunicativa controlada, enviando posicionamientos por medio del grupo oficial de comunicación del Ayuntamiento.

Mediante estos comunicados, la alcaldesa subrayó la autonomía del IMMUJERES y la existencia de una investigación en curso. Leyva Camacho, por su parte, negó los hechos y consideró que los señalamientos responden a intereses que buscan desestabilizar su gestión y dijo ser víctima de ataques.