Las Cámara de Diputados y el Senado de la República solicitaron al Instituto Nacional Electoral la cancelación de 26 registros de candidaturas a cargos judiciales para el proceso electoral del 1 de junio.
Los legisladores Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presentaron el cual señala que, conforme a los artículos 95 y 97 de la Constitución Política, 18 aspirantes no cumplen con el requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, pues están vinculados a investigaciones penales vigentes por delitos graves, como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.
Además de que ocho candidaturas más han sido cuestionadas por no cumplir con el requisito académico mínimo de contar con un promedio general de licenciatura de al menos ocho puntos.
Algunos han sido acusados de conceder amparos o absoluciones indebidas a imputados relacionados con el crimen organizado, lo que compromete su imparcialidad.
Entre los candidatos impugnados se encuentran Fernando Escamilla Villarreal, señalado por su vínculo con imputados de delincuencia organizada; Jesús Humberto Padilla Briones, quien ha sido puesto a disposición por portación de arma y delitos contra la salud; y Francisco Martín Hernández Zaragoza, destituido en 2015 por acusaciones de abuso sexual.
