El alcalde de Ahome sería separado del cargo para que enfrente una investigación por el probable delito de desempeño irregular de la función pública por el arrendamiento de 126 patrullas por 171 mdp

La Fiscalía General del Estado solicitó al Congreso del Estado una declaratoria de procedencia o solicitud de desafuero del alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros.

Fuentes del Congreso señalaron que la solicitud fue presentada el viernes a las 18:00 horas y recibida por la diputada Yeraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Mesa Directiva.

De acuerdo al procedimiento, la Mesa Directiva deberá turnar la solicitud de desafuero a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la Comisión Instructora, la cual emitirá un dictamen para que pueda ser votado en el pleno.

El 28 de junio de 2024, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGE abrió la  carpeta de investigación FGE/FECC/09/2024/CI en contra de quien o quienes resulten responsables por la probable comisión del delito de desempeño irregular de la función pública cometidos en contra del servicio público respecto al Ayuntamiento de Ahome por el arrendamiento de 126 patrullas con un costo de 171 millones 451 mil 932.40 pesos a la empresa Grinleasing, SAPI de CV, el 10 de diciembre de 2021.

La indagatoria inició a partir de una denuncia de hechos presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), luego que en la revisión de la cuenta pública de 2021 del municipio de Ahome, que inició el 31 de marzo y concluyó el 9 de agosto de 2022, se determinó que el proceso para el arrendamiento de las patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, debió realizarse mediante licitación pública y no por adjudicación directa con invitación a cuatro proveedores.

Derivado de la auditoría, la ASE emitió el resultado número 65 con observación, en el que concluyó “que la contratación se realizó mediante el procedimiento de adjudicación directa con invitación a cuatro proveedores, debiendo haber sido por el procedimiento de licitación mediante convocatoria pública, lo cual vuelve ilegal la contratación de dicho arrendamiento”.

En la denuncia de hechos la ASE señaló que el Ayuntamiento de Ahome aprobó la contratación por adjudicación directa de las patrullas, argumentando que una licitación pondría en riesgo la seguridada pública, sin justificarlo, además que la empresa seleccionada dijo que entregaría algunas patrullas hasta abril de 2022, cuando el procedimiento se realizó en noviembre de 2021, “y tampoco se encuentra acreditada la necesidad de adquisición o arrendamiento de bienes de una marca o proveedor determinado”.

Añadió que quienes intervinieron en el proceso, violaron la normatividad que encuadra en el delito penal de desempeño irregular de la función pública, previsto y sancionado por el artículo 300, fracción IV del Código Penal del Estado de Sinaloa, que señala una pena de seis meses a tres años de prisión y de 30 a 180 días de multa al servidor público que ilegalmente realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamiento, enajenaciones de bienes o servicios o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.

Cuando el monto del producto del delito o de los daños o perjuicios causados, exceda de mil veces el salario mínimo, la sanción será de uno a nueve años de prisión y de 180 a 500 días de multa, independientemente de que durante la conformación de la carpeta de investigación se pudiese realizar el hallazgo de más conductas penalizables.

En 2022, Ríodoce publicó que, para el entonces tesorero Antonio Vega Arellano, para exceptuar el procedimiento de licitación pública, argumentó que era urgente realizar la compra debido a que el 70 por ciento del parque vehicular estaba muy deteriorado y no era viable repararlo, y que Grinleasing era la mejor cotización y la única empresa capaz de abastecer la cantidad de vehículos solicitados debido a una escasez mundial de microchips que usan los vehículos modernos.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción como parte de la investigación solicitó durante febrero y marzo pasado, a la Síndica Procuradora, Cecilia Hernández Flores, toda la documentación y expedientes relacionados a la adjudicación del arrendamiento de las patrullas y de los integrantes del Comité de Compras, como son Dalvingh Iturrios Corrales (entonces director de Asuntos Jurídicos), Antonio Humberto Vega Arellano (Tesorero), Héctor Adonai Beltrán Moreno (director de Egresos), Julio César Romanillo Montoya (secretario de Seguridad Pública) y Genaro García Castro (secretario del Ayuntamiento).

La síndica no atendió la petición argumentando que no tenía facultades, y dijo que al solicitar la información al Departamento de Recursos Humanos y la Dirección de Egresos se negaron, por lo que la Fiscalía le impuso sanciones económicas y dio vista a la agencia del Ministerio Público por la probable comisión del delito de obstrucción de la justicia.

“Al no haber remitido la información que le fue solicitada, y no existir una causa que justifique el incumplimiento de la remisión de dicha información, sino por el contrario, existen actos que indican evasivas a remitir la información y con fines dilatorios, es que se hacen efectivos los dos apercibimientos… ya que la Síndico Procuradura del municipio de Ahome ha sido omisa en remitir la información solicitada”, señaló el MP.

En la investigación están incluídos el alcalde Gerardo Octavio Vargas Landeros; Genaro García Castro, ex secretario del Ayuntamiento y actual ditutado local, Julio César Romanillo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Antonio Humberto Vega Arellano, ex tesorero y Dalvingh Iturrios Corrales, director de Asuntos Jurídicos.

Artículo publicado el 27 de abril de 2025 en la edición 1161 del semanario Ríodoce.