Durante la guerra entre Chapos y Mayos, los establecimientos que atienden las adicciones han sido blanco de ataques en Culiacán y Mazatlán

Los centros de rehabilitación son centros de “esclavitud”, de reclutamiento para la delincuencia organizada y violadores sistemáticos de los derechos humanos.

Y aunque siempre han estado en el “ojo del huracán”, en estos siete meses que lleva la pugna interna del Cártel de Sinaloa, el asedio a estos establecimientos se ha incrementado por los grupos delincuenciales.

La facilidad con que se abren los centros de rehabilitación en Sinaloa se presta para que muchos de ellos operen en la clandestinidad.

De los siete ataques que han sufrido este tipo de establecimientos desde el 9 de septiembre de 2024 al 7 de abril de 2025, el ocurrido contra la clínica de adicciones Shaddai, en Colinas de San Miguel, en Culiacán, pudiera evidenciar el involucramiento con la delincuencia organizada.

“…llegaron, preguntaron que si eran de algún grupo, pues me imagino que nadie les dijo que sí, y entonces rafaguearon”, dijo el gobernador Rubén Rocha Moya respecto al ataque el 7 de abril a la clínica de adicciones Shaddai, donde un grupo de gente armada masacró a nueve personas, entre internos y personal de servicios.

Sin competencia

Martha Torres Reyes, comisionada contra las adicciones en Sinaloa, informa que de los 248 centros de rehabilitación contra las drogas que se tienen detectados en el estado, solo 96 cumplen con los lineamientos requeridos para este tipo de establecimientos.

A Ceptca (Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento contra Adicciones), dice, no le corresponde investigar si los centros de rehabilitación tienen nexos con la delincuencia organizada, pues su tarea es la verificación de los lineamientos para el tratamiento contra las adicciones y el respeto a los derechos humanos.

“En Ceptca no tenemos manera de determinar esas cosas, porque además no nos toca investigar a nosotros… Nuestra función esencial es detectar los establecimientos, brindarles asesoría, capacitación en cuanto al diagnóstico, al tratamiento, orientarlos en cómo deben dar su tratamiento. O sea, todo lo que tiene que ver con la atención del proceso de rehabilitación de los usuarios que ellos tienen”, explica.

Shaddai, la mano del narco

A decir de Torres Reyes, la clínica de adicciones Shaddai, ubicada en la colonia Colinas de San Miguel, donde ocurrió la masacre la madrugada del 7 de abril, contaba con la certificación estatal y federal y en octubre tuvo una supervisión federal.

“Ese centro tenía poco tiempo de haberse supervisado. Cumplía con todo. Ellos mantenían un registro federal. En octubre tuvieron una revisión federal por personal de la comisión nacional. Ese centro cumplía con todo, entonces, no… la falla no es nuestra”, sostiene.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el ataque armado contra esta clínica fue perpetrada por uno de los grupos antagónicos en este conflicto.

“Los homicidios no fueron en vía pública. Llegan hacia el interior de este centro de rehabilitación, centro de adicciones de nombre Shaddai. Hay nueve personas fallecidas. Todos hombres, todos mayores de edad…”.

“Todo indica, son los primeros informes, pero lo vamos a informar con más precisión conforme avance la información, que fue una célula de los conocidos como Los Chapitos, agrediendo a una célula al interior de este centro de rehabilitación de su grupo antagónico de Los Mayos”, informó.

Esa misma madrugada Guillermo Rodríguez Gaxiola, propietario de la clínica de adicciones Shaddai, fue privado de la libertad cuando se encontraba en su domicilio para ser asesinado horas más tarde.

El mismo día, cuatro centros de rehabilitación, dos de los cuales pertenecían a una misma red de centros dirigida por Rodríguez Gaxiola, fueron vandalizados y dos de sus empleados fueron “levantados”, uno de ellos apareció también sin vida.

Como la hiedra

La titular de Ceptca, Martha Torres Reyes, dice que no es que broten del suelo los centros de rehabilitación, sino que algunas personas que se han rehabilitado buscan abrir y operar uno de estos establecimientos.

Y aunque hay lineamientos que cumplir, aclara, muchos de estos centros comienzan operaciones aunque no cumplan con los requisitos.

“No es que broten. Cada persona que está en un establecimiento residencial y que al recuperarse bajo ese modelo, sale. Cuando sale, sale con la intención de poner un centro. Entonces intentan hacerlo”, da a conocer.

Muchos de estos centros, asegura, funcionan aun sin registro.

“Operan bajo un permiso, vamos a decir que se llama un permiso temporal que les da el propio sistema de Cofepris. ¿Por qué? Porque el registro para iniciar operaciones ellos lo obtienen metiéndose al sistema de registro de notificación de inicio de operaciones, y el mismo sistema les arroja ese registro, ese aviso de funcionamiento”, indica.

Martha Torres Reyes asegura que para abrir y operar un centro de rehabilitación, estos además de cumplir con los lineamientos requeridos por Ceptca, necesita el aval de los vecinos del lugar donde se instalará.

Aunque, reconoce, este puede operar pese a no contar con el aval de los vecinos.

“Cuando nos llegan esas llamadas que dicen ‘mire, aquí están poniendo un centro de adicciones. Queremos saber si tiene permiso’. No, no tiene permiso. Una vez que revisamos nuestra base de datos es cuando nosotros acudimos y revisamos y les decimos ‘no tienen permiso para operar un establecimiento.

“Pero de repente nos muestran ese permiso que se extiende de manera electrónica, ¿qué hacemos? Los invitamos a que acudan a la orientación que corresponde para que cumplan con los lineamientos estatales para mantener ese establecimiento”, comenta.

Artículo publicado el 13 de abril de 2025 en la edición 1159 del semanario Ríodoce.