Durante la administración de Quirino Ordaz el SAT detectó irregularidades en la aplicación de disposiciones jurídicas federales y la normatividad

El primer día como gobernador a Rubén Rocha Moya le informaron de la herencia que le había dejado su antecesor, Quirino Ordaz Coppel. Era el asunto del millonario reclamo que el SAT estaba haciendo al Gobierno de Sinaloa.

En consecuencia, el mandatario estatal optó por dar la pelea jurídica en los tribunales para defender al estado sobre los actos reclamados por el Sistema de Administración Tributaria.

Sin embargo, la pelea jurídica fue ganada por las autoridades hacendarias. En noviembre del año pasado, al Gobierno del Estado le fue notificada la sentencia de los juicios relativos al cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 01/2021 y 02/2021, así como de las sanciones impuestas por el SAT.

Las sanciones fueron basadas en 12 auditorías realizadas durante el gobierno de Quirino, en las que se incumplieron disposiciones jurídicas federales y la normatividad aplicable, infringiendo el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Federación y el Estado de Sinaloa.

En la sanción se determinó el impedimento para que Sinaloa, como entidad federativa, iniciara actos de fiscalización por un periodo total de 10 meses, así como la pérdida del derecho a recibir los incentivos correspondientes.

Adicionalmente, las sanciones ocasionaron un impacto en las finanzas públicas en la administración actual. Ello implica el reintegro a la Federación de más de 2 mil 300 millones de pesos.

En consecuencia, el gobierno estatal solicitó a la hacienda pública federal la flexibilización de las formas de pago, bajo el compromiso que para el ejercicio fiscal 2027 se saldaría por completo.

En el documento de la iniciativa en la que el gobernador solicitó la autorización para contratar un crédito de 2 mil 300 millones de pesos, aseguró que en consecuencia de las acciones irregulares de la anterior administración se inició un proceso de responsabilidad administrativa ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

En la versión del mandatario estatal ante el Congreso del Estado, se están agotando las etapas de investigación y substanciación previstas por la legislación aplicable, para determinar las faltas y las acciones a emprender.

Desde la presentación de la iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2025, el gobierno estatal a través de la Secretaría de Administración y Finanzas aseguró que uno de los rubros más impactados por el pago de los 2 mil 300 millones de pesos fue la obra pública, cuyo presupuesto fue reducido a solo 410 millones de pesos.

El Grupo Parlamentario de PAN en el Congreso del Estado exigió que las autoridades competentes inicien las investigaciones y finquen responsabilidades contra los funcionarios que omitieron cumplir con dicho pago.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Teresa Guerra Ochoa, consideró que el Congreso deberá dar vista a la Auditoría Superior del Estado sobre las responsabilidades de los funcionarios de la administración anterior en el adeudo al SAT, a fin de realizar una investigación.

“Si hubo un desfalco o afectación al recurso del Estado, no se puede ir en blanco”, sostuvo la también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.

Luego de la emisión de la sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que quedó claro es que el Gobierno estatal debía reponer los 2 mil 300 millones de pesos a la hacienda pública federal por una acción irregular.

Adelantó que una vez que se concluyan las investigaciones en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la ASE, habría que dar posiblemente vista al Senado de la República, en caso que se implique la responsabilidad de Ordaz Coppel, quien es el actual embajador de México en España.

El tema ya había sido planteado públicamente a la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Ramírez Zepeda, por el diputado del PRI, Luis Javier de la Rocha, durante la comparecencia de esta ante el Congreso del Estado a inicios del año pasado con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

En esa ocasión el legislador comentó que mediante una resolución del SAT y una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y la Suprema Corte de Justicia se resolvió que el Gobierno del Estado regresara lo que entonces era un monto de mil 700 millones de pesos.

Adicionalmente se le sancionaba al Gobierno del Estado para que durante 10 meses no reciba 100 millones de pesos mensuales, con lo que la cifra ascendía a 2 mil 700 millones de pesos.

Ese día la secretaria Ramírez Zepeda comentó que en los juicios se había determinado que había existido un inadecuado manejo de las auditorías para favorecer a ciertas empresas.

En este caso la secretaria de Trasparencia y Rendición de Cuenta expresó que lo que se estaba evitando es que no se viera al Gobierno del Estado como ente que no responde a los criterios de honestidad, probidad y transparencia en sus acciones.

Como un fraude y un robo al país fue calificado el tema por el entonces diputado del PRI ante la titular de la ASE, Emma Félix Rivera, al explicar que el dinero está en un fondo en donde participan todas las entidades federativas.

Fue el día 15 de diciembre de 2023, cuando la titular de la ASE expresó en una comparecencia que conocían la situación y las acciones que el estado había emprendido para atenderla.

No hay manera de intervenir, por ser un tema de competencia del SAT, salvo porque es un ingreso que se deja de percibir y representará un daño provocado por parte de los funcionarios públicos que resulten responsables, respondió la ASE.

Artículo publicado el 12 de enero de 2025 en la edición 1146 del semanario Ríodoce.