La guerra al interior del Cártel de Sinaloa dispara el rubro de asesinatos; las estrategias no han funcionado, dice el CESP, por eso hay que abrir canales a sectores de la sociedad, para que sean parte de la solución

La incidencia delictiva en Sinaloa tuvo un aumento del 4 por ciento en comparación con el 2023, pero en el caso específico de los homicidios subieron 79 por ciento.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado, 2023 cerró con 566 asesinatos y el 2024 con mil 016.

El aumento en los homicidios ocurrió a partir del 9 de septiembre de 2024 cuando inició el pleito entre Mayos y Chapos.

Sinaloa cerró el 2024 con un total 33 mil 999 delitos, que representan un leve incremento comparado con 2023 cuando fueron 32 mil 384.

El mayor aumento fue en los delitos considerados de alto impacto que pasaron de mil 594 en 2023, a 2 mil 051 en 2024. Como delitos de alto impacto se consideran los homicidios dolosos, homicidios culposos, robos bancarios, violación y secuestro.

En el desglose por delito de alto impacto, el robo bancario bajó de 14 en 2023 a siete en 2024, el secuestro se redujo de 16 a nueve, pero el homicidio culposo subió de 638 a 656, el homicidio doloso de 566 a mil 016 y la violación de 360 a 363.

En el municipio de Culiacán, el epicentro de la pugna, fue donde se registró el mayor incremento en delitos de alto impacto, al pasar de 624 en 2023 a 949 en 2024.

En los delitos de alta incidencia el robo de vehículo aumentó de 3 mil 757 a 3 mil 975 y el robo a local comercial de mil 855 a 2 mil 051; mientras que las lesiones dolosas, robo a casa habitación y robo violento, disminuyeron.

Los homicidios dolosos y el robo de vehículo se fueron al alza desde septiembre cuando empezó la pugna en el Cártel de Sinaloa.

Entre enero y agosto, en el estado se habían cometido 352 asesinatos y entre septiembre y diciembre fueron 664.

De acuerdo con informes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, los 188 homicidios dolosos en octubre de 2024 es la mayor cifra en los últimos 14 años desde abril de 2011 cuando se registraron 227.

Según el CESP en delitos como el robo a comercio puede existir un mayor porcentaje de delitos no denunciados o cifra negra no cuantificable, sumado al número de comercios y establecimientos que han anunciado en ese periodo el cierre temporal de sus actividades.

El secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, dijo que hay una estrategia de seguridad bien definida con la que se seguirá trabajando este año para garantizar la paz.

“La obligación, la función del estado, es la prevención del delito, la coordinación además con las distintas dependencias y corporaciones del gobierno de la República para atender la situación actual, la coyuntura actual, está definida una estrategia”, indicó.

Mencionó que como parte de la estrategia habrá un fortalecimiento de las corporaciones locales y federales, que ya inició con cambio del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y crearán la Dirección de Investigación en la Policía Estatal Preventiva.

A partir de esta situación de violencia que, reiteramos, no está superada y que es un asunto con una presencia bastante amplia, estamos trabajando el gobierno de la república, el gobierno del estado en coordinación con los municipios, cada quien, según su naturaleza, para combatir la violencia y la inseguridad y construir la paz que todo mundo anhelamos, que por ley estamos obligados a trabajar.

Mencionó que todos los días son sometidos a revisión los cuatro ejes de la estrategia de seguridad para mejorarlos.

Abrir canales a la sociedad: CESP

En su último informe mensual sobre incidencia delictiva, el Consejo Estatal de Seguridad Pública señala que la situación actual obliga a que las autoridades replanten las estrategias implementadas, a fin de que la sociedad en general y las diversas ramas del comercio tengan certeza y se revierta el impacto económico y en la vida de los habitantes de las zonas que han retraído sus actividades ante los hechos violentos y la realidad que la estadística indica.

La crisis en materia de seguridad obliga también a incluir planes desde diversos enfoques, primero la responsabilidad constitucional y primigenia de las autoridades en materia de seguridad, hasta la suma de otros rubros de la administración pública que generen un enfoque social integral en la cultura, la educación, el deporte, el arte, la transparencia, la salud, entre otros, indica.

El CESP señala que, si bien los detonantes y responsables directos de la situación de inseguridad son los grupos delictivos, con alcance trasnacional, lo que por sí mismo representa un problema de esas dimensiones, el responsable primigenio y quien tiene la obligación constitucional y las atribuciones de las fuerzas de seguridad pública, son las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Después de los eventos de octubre de 2019 y enero de 2023, se observó la necesidad de una agenda para trabajar en la no repetición de estos lamentables acontecimientos. Sin embargo, es obvio que estos planes no fueron fructíferos, ante ello, es necesario abrir canales que permitan que las demandas de los diversos colectivos, de la sociedad civil, el sector productivo, comercial, empresarios, las organizaciones deportivas debidamente organizadas y otros sectores sean parte de la solución, considera el CESP.

Artículo publicado el 05 de enero de 2025 en la edición 1145 del semanario Ríodoce.