La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) interpuso, ante el Juzgado Primero de Distrito, un Incidente por Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión Definitiva, en contra del Congreso del Estado de Sinaloa, luego de que este iniciara los trabajos para modificar la Ley Orgánica de la misma pese a que el artículo de la Ley Estatal de Educación Superior que regula dicha reforma está suspendido para la propia institución, anunció su asesor jurídico José Ramón Bonilla Rojas.
El recurso se da luego de que el congreso local “incurriera en desobediencia grave a lo ordenado en la interlocutoria de fecha 27 de marzo del 2023, donde se le concedió la Suspensión Definitiva a la UAS, para el efecto de que se impidan los efectos y consecuencias de los artículos 3, párrafo tercero y cuarto; 51, fracción VIII y 59, todos de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, en la esfera jurídica de la citada casa de estudios”.
Bonilla Rojas dijo a los diputados que “si este procedimiento legislativo se trabó es porque ustedes hicieron una ley inconstitucional, arbitraria y con falta de técnica legislativa, por una parte, y segundo, no pueden aplicar ustedes otra ley que no sea la Ley Estatal de Educación Superior, para el caso de las reformas, porque cuando hicieron el dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la UdeO, se dice que se siguió el proceso legislativo que marca la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa. A ellos le aplicaron dicho artículo inconstitucional porque no se amparó como la UAS”.
Dicho recurso solicita que se le ordene al Congreso del Estado que deje insubsistentes todas las actuaciones, comparecencias, exhortos, diligencias y requerimientos que estén encaminados al proceso legislativo, cuyo objeto es la modificación, reforma o adición a disposiciones de la Ley Orgánica de la UAS, debido a que contraría la Suspensión Definitiva otorgada a la casa Rosalina, en lo que respecta a que se impide los efectos y consecuencias del artículo 3, párrafo tercero, de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.
Asimismo, la Universidad solicita que “se le dé vista a la Fiscalía General de la República, para que proceda a la apertura de una carpeta de investigación por los delitos que se pudiera configurar con motivo de la desobediencia de los diputados y funcionarios del Congreso Estatal a cumplir con la Suspensión Definitiva emitida a favor de la UAS, en el Incidente, derivado del juicio de amparo indirecto 262/2023”.
Según dijo Ramón Bonilla la Ley General de Educación Superior “no contempla ningún artículo que obligue a reformar las leyes orgánicas de las universidades públicas autónomas, sino que es un invento de los legisladores locales”, más bien dijo, lo que prevé “son una serie de lineamientos que deben de ser adaptados por las legislaturas de los estados. En este caso el Congreso del Estado de Sinaloa, cuando expidió la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa le dio cumplimiento a ese artículo transitorio, pero como todo lo que hacen, lo hicieron mal, eso se los dijo el juez primero de distrito, que les dijo que era inconstitucional”.
