Jueces de Distrito dejaron insubsistentes los autos de vinculación a proceso dictados contra el encargado del despacho de rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero y el rector separado Jesús Madueña Molina por abuso de autoridad.
La causa penal fue abierta por presuntamente negarse a una auditoría de los recursos propios de la Auditoría Superior del Estado.
Los abogados Milton Ayala Vega y Alfonso Carlos Ontiveros Elgueazabal informaron que los jueces federales determinaron que la ASE no es competente para auditar los ingresos propios.
Señalan que en las sentencias los jueces establecieron que los ingresos propios no forman parte de la cuenta pública porque se consideran ingresos privados.
En las resoluciones los jueces de distrito ordenaron al juez de control dejar insubsistentes los autos de vinculación a proceso y en una nueva audiencia inicial dictar otra resolución, comentaron.
En la nueva audiencia el juez de control deberá considerar que la ASE no es competente para auditar los ingresos propios.
Ayala Vega detalló que la ASE todavía puede promover una revisión de la sentencia en el Tribunal Colegiado para revocarla, sin embargo, durante el juicio de amparo promivieron quejas en las que el Tribunal Colegiado ya señala que la ASE no es competente para auditar los ingresos propios.
Madueña Molina dijo que con las sentencias de los jueces de distrito queda demostrado que hay persecución política porque no se sometieron al Gobierno del Estado.
“Estamos demostrando, como siempre lo dijimos desde que empezó la persecución política, que nosotros somos inocentes, que nosotros siempre hemos actuado con honestidad, jamás hemos dicho mentiras”, indicó.
Mencionó que tienen confianza en la justicia federal porque ellos actúan de manera objetiva, sin línea desde el tercer piso del Palacio de Gobierno como ocurre con los jueces de primera instancia.
Lizárraga Otero y Madueña Molina tienen otras dos causas penales por abuso de autoridad por negarse a auditorías de la ASE.
Madueña Molina además enfrenta causas penales por presuntas compras irregulares de tortillas, carne de res y pollo, uniformes, bienes de informática y materiales para construcción.