Desde el 08 de abril, una jurisprudencia establece que los jueces puedan conceder amparos contra órdenes de aprehensión a personas imputadas por delitos graves

El Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo del Poder Judicial de la Federación en la Región Centro-Norte, que abarca Sinaloa y 17 estados más, emitió dos jurisprudencias, en las que ordena, primero, conceder un amparo para que se suspendan las órdenes de aprehensión por delitos graves y se dicten otras medidas cautelares, y segundo, que luego de dos años, la prisión preventiva impuesta oficiosamente, pueda ser revisada para que se determine su cese o prolongación.

En la primera tesis obligatoria a partir del pasado 08 de abril, se señala que imponer la restricción de la libertad a personas imputadas en un proceso penal, debe ser cuando el Ministerio Público lo solicita (prisión preventiva justificada), y cuando el juez de Control la impone de oficio (prisión preventiva oficiosa).

En la segunda jurisprudencia, de aplicación a partir del 15 de abril, se menciona que cuando se haya prolongado la prisión preventiva oficiosa más allá del plazo constitucional de dos años, y sin que el MP haya justificado la necesidad de su continuidad, el amparo debe otorgarse para que la autoridad judicial responsable ordene el cese de la medida cautelar, decrete la libertad, y someta a debate la imposición de otras medidas cautelares.

Las tesis, que se “adelantaron” a la discusión en las próximas semanas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que ordena la invalidación del artículo 19 Constitucional, que establece que las personas acusadas de delitos graves, como delincuencia organizada, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas, abuso sexual infantil, entre otros, deberán llevar su proceso en prisión preventiva, fueron cuestionadas por el gobierno federal y la Fiscalía General de la República.

La FGR y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) solicitaron a la SCJN que emita un “pronunciamiento claro y definido”, respecto de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la región Centro-Norte, “que establece que basta que se interponga un recurso de amparo para que se suspenda el cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos graves”.

“La FGR rechaza, en forma contundente dicha resolución, ya que pone en peligro inmediato a las víctimas de todos esos delitos; a los ofendidos; y a sus testigos, que quedarán en el más alto riesgo, en su integridad y en su vida, sin la protección con la que deben contar en razón de sus más elementales derechos humanos”, señaló en un comunicado la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero.

La jurisprudencia que aplica en Sinaloa, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, CdMx, Chihuahua, Coahuila, Durango, Edomex, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, también fue cuestionada por Luisa María Alcalde, titular de la Segob.

“Queremos alertar que diversos juzgados federales han ido aún más lejos, porque sin que la Suprema Corte de Justicia se haya pronunciado sobre este tema, el pleno de la región centro-norte, que comprende 18 estados, emitió ya una jurisprudencia que ordena a todos los jueces de estos 18 estados a conceder suspensiones de amparo que promueven las personas que tienen órdenes de aprehensión, precisamente, por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, dijo durante la conferencia mañanera del 16 de abril.

“…los juzgados penales se le adelantaron, ya, a la SCJN, decidiendo unilateralmente un asunto que todavía no está resuelto por el Estado mexicano. Así que, hacemos un llamado a la Corte, a respetar la Constitución, la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones.”

La funcionaria federal señaló que, de aprobarse la resolución por parte de la SCJN, se estaría ante la posible liberación de “68 mil presuntos delincuentes”, que se encuentran actualmente en prisión preventiva oficiosa, de los cuales 1 mil 188 se encuentran en Sinaloa.

“Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada”, dijo.

“Vemos un riesgo también, a la población en su conjunto ante la posibilidad de la comisión de nuevos delitos, a la seguridad nacional, porque se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa incluso con alto riesgo de darse a la fuga, y por supuesto, de manera adicional, estamos viendo con preocupación la carga excesiva, que esto significaría.”

Óscar Loza Ochoa, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa, dijo que eliminar la prisión preventiva oficiosa en México es algo que se ha quedado a deber, porque el gobierno no ha sido “congruente con el Estado de Derecho que presume”.

Mencionó que, con la normatividad actual, se deja de lado el debido proceso y la presunción de inocencia, que es un derecho humano fundamental.

El Ombudsman consideró que la prisión preventiva debe aplicar por excepción, cuando la persona haya sido detenida en flagrancia, pero no por oficio, como se hace actualmente, lo que lleva a que muchas personas estén actualmente detenidas, cuando pueden estar llevando el proceso en libertad, como ocurre en otros países.

Artículo publicado el 21 de abril de 2024 en la edición 1108 del semanario Ríodoce.