Un juez de distrito concedió un amparo a la UAS contra la auditoría que la Auditoría Superior del Estado pretendió realizar el año pasado y por la que funcionarios universitarios fueron denunciados penalmente y están vinculados a proceso.
La ASE intentó realizar la auditoría 12/2023 a los ingresos propios de la UAS del ejercicio fiscal de 2022, pero los universitarios se negaron alegando violación a la autonomía universitaria.
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Ante la negativa, la ASE presentó una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad y en septiembre fueron vinculados a proceso penal el entonces rector, Jesús Madueña Molina, y el abogado general, hoy encargado del despacho de la rectoría, Robespierre Lizárraga Otero.
La UAS promovió un amparo contra la auditoría y el juez de distrito resolvió que la ASE invade la competencia de autogobierno y autonormación.
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Detalla que el patrimonio universitario se conforma de recursos públicos que el Estado provee y con otros bienes que provienen de fuentes particulares y estos últimos no son susceptibles de fiscalización estatal.
Señala que los ingresos propios no forman parte de la cuenta pública porque, al no ser ministrados por un poder público, son recursos privados que recibe la universidad.
Los ingresos propios son los que obtiene la universidad por los derechos y cuotas por los servicios que preste y recursos que se obtengan de actividades realizadas.
Detalla que la autonomía inhibe cualquier posibilidad de que autoridades externas se conviertan en revisoras o fiscalizadoras del quehacer universitario.
Los actos que pretendan fiscalizar y revisar el patrimonio universitario, ajeno a los recursos públicos que el Estado provee, es decir, fiscalizar otros ingresos y recursos que provienen de fuentes particulares, deben ser considerados por los tribunales de amparo como violatorios del Artículo 3 Constitucional, señala.
El juez ordenó a la ASE dejar insubsistente la auditoría 12/2023 y sus consecuencias.
