Por cuarta ocasión la audiencia de revisión de medidas cautelares del encargado del despacho de rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, fue diferida por inasistencia de su abogado y el juez dio vista a la FGE para el posible inicio de una investigación contra el defensor por delitos cometidos por abogados, patronos y litigantes.
El proceso penal es el que se sigue por abuso de autoridad por presuntamente negarse a una auditoría de la Auditoría Superior del Estado.
Jesús Madueña Molina fue separado del cargo de rector en una revisión de medidas cautelares en esta causa penal el año pasado.
Lizárraga Otero dijo al juez que su abogado no acudió y desconocía los motivos de su inasistencia por lo que pidió diferir la audiencia.
Comentó que además él asistió enfermo pues parece una afección de las vías respiratorias.
“Espero que no piense que estoy fingiendo esta afección”, expresó.
El juez Carlos Alberto Herrera señaló que debido a que no hay un justificante para no asistir podía considerar que el abogado abandonó la causa penal.
Lizárraga Otero respondió que revocaba a su abogado y nombraría a otro.
El asesor victimal Janer Guillermo Sedano dijo que la inasistencia del abogado era abandono de la causa penal y solicitó al juez dar vista a la Fiscalía para que abra una investigación por delitos cometido por abogados, patronos y litigantes.
El juez dijo a los fiscales que hicieran lo conducente sobre la solicitud del asesor victimal.
Lizárraga Otero también pidió al juez que hiciera un extrañamiento a la fiscal, Sara Bruna Quiñónez Estrada para que se abstenga de hacer declaraciones que violan sus derechos humanos.
Detalló que la titular de la FGE dio a conocer que investigaban a los médicos que daban justificantes a los funcionarios de la UAS.
Los médicos, aseguró, ya no le quieren dar recetas o incapacidades.
El juez solo contestó que se hará lo conducente.
Milton Ayala Vega, abogado del rector separado Jesús Madueña Molina, también pidió diferir la audiencia debido a que en un juicio de amparo el juez federal reconoció el carácter de la UAS como tercero interesado por lo que la universidad debe nombrar un asesor victimal en el proceso.
El juez respondió que esperará a que haya una resolución firme en el juicio de amparo.
La audiencia fue programada para el próximo 6 de febrero para que Lizárraga Otero nombre a un nuevo abogado y el 13 de febrero para que se celebre la revisión de medidas cautelares.
