Mientras que los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, apoyados por los integrantes del Grupo Plural, continuaron haciendo reconocimientos a los logros obtenidos por los miembros del gabinete del gobierno de Rubén Rocha Moya, la bancada del PAS aprovechó el foro de la comparecencia de la glosa del Segundo Informe de Gobierno para hacer señalamientos sobre el mal uso de los recursos públicos.

En el segundo paquete de comparecencias, prevaleció el halago de la mayoría de los diputados del Congreso del Estado.

En el turno del secretario de Obras Públicas, Joaquín Alberto Landeros Guicho, de entrada, el PAS le señaló que firmaba documentos oficiales con el título de arquitecto, aún cuando no cuenta con esa profesión.

El diputado de PAS, Gene René Bojórquez, no recibió ninguna explicación del tema por parte del funcionario.

Aunque Landeros Guicho tomó la rienda de la Secretaría de Obras Públicas en agosto del año pasado, el legislador del PAS aseguró que en esa dependencia es una práctica asignar contratos a constructores “preferidos”.

Retomó los señalamientos que hiciera Iniciativa Sinaloa sobre la falta de opacidad en Obras Públicas. Por ejemplo, que en 2023, existen por lo menos 76 obras que no cuentan con contratos o cualquier otro documento que permita conocer quién construyó y cuánto se le pagó.

En sus números también rescató datos de la ASE, en cuya más reciente auditoría observó que el gobierno adjudicó directamente el 70.9 por ciento de la obra pública de 2022.

Durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda, el PAS acusó que se estaba viviendo un manejo administrativo de gobierno opaco, poco transparente y que no rinde cuentas.

Cuestionó a manera de ejemplo el destino de los recursos del Hospital General de Culiacán, el cual presentó irregularidades en su edificación y aún no hay responsables; otro caso señalado fue la falta de pago de cosechas a agricultores, donde se dice que se tiene dinero y no se paga; la queja de la CMIC porque no se dispersa la obra pública; además de no tenerse información sobre a dónde fueron a parar los recursos de programas sociales en materia de pesca y que desaparecieron.

Acusó que en las páginas de los entes estatales no se encuentra información actualizada, situación que calificó grave y que debería poner atención la Secretaría de Transparencia.

Frente al secretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, el PAS cuestionó la asignación de 20 millones de pesos para el beneficio de las comunidades del ahora llamado “Triangulo de la Bondad”, que se convirtió realmente en un pretexto para hacer turismo legislativo.

El PAS señaló que se había girado un oficio desde el 12 de diciembre a la Secretaría de Administración para solicitar información sobre el desglose de los 20 millones de pesos, y no había recibido respuesta.
“No queremos pensar mal, pero las comunidades de ese sitio, ni siquiera conocen a los ‘embajadores legislativos’, que dicen han ido”, acusó Bojórquez Ruiz.

Precisó que no se tiene registro de la compra de gallinas ponedoras ni de la siembra de árboles de aguacate que tanto se ha pregonado.

Se requiere, dijo frente al funcionario estatal, conocer cuánto se adquirió, cuánto se distribuyó, cuáles fueron los costos y cuántas fueron las familias beneficiadas.

Con la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, el PAS criticó que pese a que en 2023 se habían asignado 70 millones de pesos para la construcción de vivienda para desplazados, no se tenía registro que se hubiese construido una en los dos últimos años.

Citó que habían solicitado por escrito información detallada sobre la ejecución de los recursos señalados desde mediados de diciembre y no fue hasta el día de la comparecencia que recibieron una respuesta genérica.

Ante lo que consideraron manejos financieros, la diputada del PAS, Elizabeth Chía Galaviz, anunció frente a la funcionaria que solicitará a la ASE una auditoría específica sobre los recursos de vivienda presupuestados para desplazados en 2023, que eran 70 millones de pesos.

“Hasta hoy no queda claro dónde se aplicó ese presupuesto para vivienda, porque hasta hoy siguen viviendo en casa prestadas o rentadas”, dijo la legisladora.

Por parte del Grupo de Morena, Plural y diputados sin partido, no hubo críticas, cuestionamientos, sí halagos y felicitaciones por los resultados, y la expresión de que cuenta con su respaldos para continuar la cosecha de buenos resultados del gobierno de Rubén Rocha Moya.

Artículo publicado el 28 de enero de 2024 en la edición 1096 del semanario Ríodoce.