El Congreso del Estado rechazó incluir en la Ley de Responsabilidades Administrativas plazos para que la conclusión de las investigaciones por corrupción y que el estatus de la indagatoria sea transparentado, informó Marlene León Fontes.

Mencionó que la iniciativa fue presentada por Iniciativa Sinaloa y el dictamen fue rechazado por los diputados locales.

La reforma pretendía que las investigaciones administrativas por corrupción tuvieran un plazo de 545 días para que sean terminadas y que cada 90 días informaran los avances a quien la presentó.

Señaló que el trabajo legislativo fue realizado a medias y fue insuficiente ya que el Congreso, al contar con un instituto de investigaciones parlamentarias, debió hacer un análisis al interior del instituto para determinar cuánto ha sido el tiempo más largo y el más corto de una investigación, y con base a eso comenzar con una serie de reformas estructurales en este sentido.

Mencionó que no se priorizaron los esquemas de participación ciudadana y ejercicios de parlamento abierto.

El Congreso tuvo una oportunidad de revisar a fondo el tema, de realizar paneles de discusión, de escuchar a las diferentes autoridades investigadoras, a la sociedad y especialistas y de determinar la importancia de legislar y reformar en esta materia bajo un esquema de parlamento abierto, sin embargo, optó por evitar estos mecanismos que contribuyen al fortalecimiento del proceso legislativo, indicó.
“Lo que se buscaba con esta iniciativa era que las autoridades investigadoras le dieran a la sociedad certidumbre jurídica respecto a los casos de posible corrupción y no que dejaran en el limbo una investigación”, expresó.

Mencionó que desde 2017 Iniciativa Sinaloa ha presentado seis denuncias por corrupción y ninguna ha sido resuelta.