“Mientras que no se indemnice conforme a derecho a los afectados por la construcción del embalse de la presa Picachos ésta no va a pasar a ser patrimonio de la nación”, advierte la abogada Alma Barraza Gómez, tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, como al gobernador Rubén Rocha Moya, promotores del decreto expropiatorio del 11 de agosto del año en curso.

Dice tener todas las pruebas documentales necesarias para acreditar ante las autoridades federales, estatales y municipales que, si no se les paga sus tierras a los damnificados, no puede ser decretada como patrimonio de la nación.

La semana pasada, desde la ciudad de México, donde se encuentra auto exiliada, para no correr el mismo destino de Román Tirado, la litigante publicó un video en su cuenta de Facebook, en el que exhibió la síntesis completa del expediente 734/2023, con fecha del Auto 24 de agosto, pero publicado el 25 de agosto de 2023, donde se destaca la resolución de Juzgado Décimo de Distrito.

En el documento resaltaba: “Con fundamento en los artículos 128, 129, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, respecto de los efectos y consecuencias del decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública la superficie 1, 869-35-29 hectáreas de la comunidad “San Marcos”, municipios de Mazatlán y Concordia, estado de Sinaloa”,a favor del gobierno del estado de Sinaloa, publicado el 11 de agosto de 2023, en el Diario Oficial de la Federación, para que las cosas se mantengan en estado que actualmente guardan”.

Barraza Gómez, expuso un párrafo de artículo, 27 Constitucional, para ilustrar cómo los gobernantes en turno, AMLO y RRM pese a que saben que los comuneros no han sido indemnizados, se atrevieron a promover el decreto expropiatorio de la presa Picachos por la supuesta causa de utilidad pública.

“Toda expropiación es mediante indemnización, es un parrafito del Artículo 27 Constitucional, lo cual establece y limita a la autoridad para que, si esta quiere expropiar, primero debe indemnizar, pero el señor presidente de la República AMLO a pesar que sabe que no está indemnizada a muchos de los comuneros afectados, que ni siquiera se les pagó por la ocupación previa”, enfatiza.

Añade que no sólo lo sabe el primer mandatario, sino también lo saben el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Román Meyer Falcón.

“Parece que Meyer Falcón no estudió, porque él sabe que tenemos una resolución concedida de tres amparos por el juzgado federal, la cual él y la autoridad del estado se fueron a la revisión y a pesar de ello AMLO caprichosamente se atrevió a publicar el decreto de expropiación”, sostiene.

“Decretazo” e inconformidad

El 11 de agosto, a pesar de las presuntas irregularidades perpetradas por los operadores del Gobierno del Estado de Sinaloa, en la presa Picachos, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la expropiación de la superficie de 1,869-35 -29 hectáreas de la comunidad de “San Marcos”.

Algunos comuneros de la presa Picachos dicen que AMLO tiene toda la razón cuando afirma en sus conferencias mañaneras que “la paz es fruto de la justicia”, pero que para ellos no habrá justicia ni paz hasta que les paguen conforme a derecho la ocupación previa y 233 hectáreas de uso común.

“Desde 2005 no hemos tenido el fruto de la paz, porque sembraron en nuestras tierras las semillas de la corrupción y la injusticia con la presa y la hidroeléctrica, tierras que no nos han pagado conforme a derecho”, reprochan los campesinos.

Han transcurrido 18 años, desde que según datos del “decretazo” de AMLO: “el 22 de mayo de 2005 la comunidad de “San Marcos”, en asamblea general aprobó el convenio de ocupación previa respecto de tierras de uso común”.

El 18 de agosto del año en curso, siete días después de publicarse el decreto, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró a los medios de comunicación que desde ese momento la presa Picachos pasaba a ser patrimonio de la nación.

Alma Barraza Gómez critica que Rocha Moya gobierna en la misma frecuencia política del presidente AMLO, donde la soberbia y arrogancia de ambos, no sólo los ha hecho perder el piso, sino la sensatez y el arte de la prudencia.

“Pero sobre todo perdieron el respeto irrestricto con el que debe de conducirse un gobernante en México, que debe ser así como lo prometen y lo juran cuando están tomando protesta hipócrita de los cargos que buscan, cuando dicen que van hacer valer, respetar el Estado de Derecho”, arremete.

Barraza Gómez explica que en su calidad de abogada de los comuneros interpuso otro amparo y que afortunadamente el juzgado décimo de distrito les concedió la suspensión definitiva del incidente de suspensión, razón por la cual es una mentira que la presa Picachos pasa a ser patrimonio de la nación.

“La suspensión definitiva se nos concedió por ser ciertos los actos que reclamamos, pues tenemos tres amparos sucedidos que impiden que AMLO pueda iniciar un procedimiento expropiatorio, y por ello la presa Picachos no es y no será patrimonio de la nación si antes no indemnizan a los comuneros”, argumentó.

Artículo publicado el 15 de octubre de 2023 en la edición 1081 del semanario Ríodoce.