Corresponde a los Congresos estatales auditar los recursos que envía la federación a los estados y municipios, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador; y el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, señaló que no se trata de lo que diga un gobernante, sino de lo que establezca la Constitución.

Desde que iniciaron los procesos penales contra el rector, el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera; y el Comité de Adquisiciones, la defensa de los universitarios ha sido que las autoridades locales no tienen facultades para auditarlos y los jueces locales son incompetentes para conocer los asuntos porque los recursos de la universidad son federales.

En la conferencia mañanera del viernes, una reportera preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el término de los convenios de la Auditoría Superior de la Federación con los órganos fiscalizadores de los estados para que éstos revisaran los recursos federales aplicados en los estados y municipios.

La reportera mencionó que en el caso de Veracruz los auditores locales expresan su inconformidad con este criterio de centralizar la revisión, ya que encuentran mayor transparencia en una fiscalización de los recursos de manera colaborativa.

López Obrador respondió que debe ser a través de convenios porque los estados son libres.

Señaló que aun cuando los estados o municipios reciban dinero de la federación, al momento de que esos fondos ya estén autorizados por los Congresos locales, ya tienen autonomía de manejo.

“La federación no puede condicionar la aplicación o, mejor dicho, no puede llevar a cabo la fiscalización, eso corresponde al Congreso del estado, a las instituciones locales. Lo que sí puede la federación es que esos recursos vayan, voy a usar una palabra coloquial, etiquetados”, comentó.

Mencionó que la fiscalización del ejercicio de ese presupuesto ya corresponde a las instancias estatales.
Madueña Molina señaló que la universidad se guía por lo que diga la Constitución, no un gobernante.

“Nosotros tenemos una Constitución que es el marco normativo en el cual nos tenemos que guiar, aquí no podemos guiarnos por lo que opine una u otra autoridad, creo que hay un estado de derecho que se debe respetar”, expresó.

Manifestó que para que los recursos federales puedan ser auditados por autoridades locales, debe modificarse la Constitución.

“Ahí está enmarcado que los recursos federales son facultad de la Auditoría Superior de la Federación y aquí no se trata de lo que diga un gobernante, aquí se trata de lo que marca el Estado de Derecho”, indicó.

El rector, el ex rector y el Comité de Adquisiciones fueron llevados a proceso penal por la presunta compra sin licitación de 45 millones de pesos de tortillas.

El rector y el secretario General de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, también tienen un proceso penal por negarse a ser auditados por la Auditoría Superior del Estado el pasado 30 de marzo.

En ambos casos, los defensores han señalado que la universidad solo recibe recursos federales por lo tanto el órgano fiscalizador estatal no puede auditarlos.

Aseguran que solo pueden ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación.

Los abogados también aseguran que la Fiscalía General del Estado y el juez de control del fuero común, son incompetentes para conocer los asuntos porque se trata de recursos federales y éstos deben ser llevados por la Fiscalía General de la República y por jueces del fuero federal.

En la audiencia celebrada el pasado 21 de agosto, Milton Ayala Vega, abogado del rector, señaló que los recursos que recibe la universidad son federalizados por lo tanto deben ser fiscalizados por la federación y no por el estado.

“Gobierno del Estado no ha entregado recursos fiscales recaudados por él mismo a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí ha otorgado recursos, pero de la Federación y por lo tanto insistimos, decimos y aseguramos que el Gobierno del Estado no tiene facultades para auditarlos”, indicó.

Detalló que el Gobierno del Estado entrega recursos que la Federación le manda a la UAS, por ello lo que plantea la Universidad es que quien es dueño del dinero es quien lo puede auditar.

“Si el Gobierno Federal le da al estado y el estado lo manda a un rubro, al que sea, quien está facultado conforme a la Ley es el Gobierno Federal, porque los recursos no pierden la federalidad, menos en educación porque es un tema que está regulado en el Artículo Tercero de la Constitución”, comentó.

Artículo publicado el 24 de septiembre de 2023 en la edición 1078 del semanario Ríodoce.