El rector de la UAS Jesús Madueña Molina, el ex rector Juan Eulogio Guerra Liera y el Comité de Adquisiciones fueron vinculados a proceso penal por la presunta compra irregular de 45 millones de pesos de tortillas, totopos, tostadas, tortillas de harina y nixtamal.
Durante una audiencia de 14 horas los abogados de los defensores trataron de convencer al juez que dictara auto de no vinculación.
El juez Adán Alberto Salazar Gastélum consideró que la Fiscalía General del Estado aportó datos de prueba suficientes para presumir que se cometió el delito.
Como medida cautelar el juez impuso acudir a firmar cada mes y medio y la prohibición de salir del país sin autorización judicial, aunque la Fiscalía pidió que entre todos pagaran una garantía de 45 millones de pesos como medida cautelar pero el juez la desechó.
De acuerdo con la FGE entre 2020 y 2022 el proveedor Sergio Chaidez Monárrez facturó a la UAS 45 millones de pesos en tortillas, totopos, tostadas y tortillas de harina, pero la Universidad solo pagó 24 millones de pesos.
Los defensores señalaron que los pagos que hizo la UAS o solo son por el periodo de 2020 a 2022 sino que comprenden ejercicios anteriores.
Las tortillas supuestamente fueron compradas para nueve casas del estudiante que estaban cerradas por la pandemia.
Las compras se hicieron por adjudicación directa cuando debieron ser por licitación, señaló la Fiscalía.
Los defensores de los imputados dieron a conocer que el proveedor de tortillas canceló 703 facturas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2021 y 2022, lo que significa que no fueron pagadas.
La Fiscalía señaló que las facturas fueron canceladas apenas el 18 y 19 de agosto de este año con una diferencia de segundos.
Los fiscales mencionaron que es evidente que fueron varias personas las que intervinieron en las cancelación.
Manifestaron que para que el proveedor pueda cancelar, la Universidad tuvo que aceptar la cancelación por lo que también hubo varias personas de la Universidad participando.
Comentó que además las facturas fueron canceladas extemporáneas porque corresponden a ejercicios 2021 y 2022 y las cancelaron apenas el mes pasado.
Los defensores durante la audiencia aseguraron que los universitarios no son servidores públicos por lo que no podían vincularlos a proceso por esos delitos.
Los abogados trataron de convencer al juez de que los recursos que recibe la UAS son federales por lo que el caso debía estar en una instancia federal y no en una local.
Manifestaron que la compra se hizo apegada a la Ley de Adquisiciones que contempla una excepción a la licitación cuando se trata de perecederos y a una decreto presidencial que fue replicado a nivel estatal y permitía hacer compras de urgencia por la pandemia sin licitación.
El rector y el ex rector fueron vinculados por el delito de ejercicio indebido del servicio público y el Comité de Adquisiciones por desempeño irregular de la función pública.
ex secretario Administración y Finanzas, Salvador Pérez Martínez; la directora de General de Planeación y Desarrollo, Soila Maribel Gaxiola Camacho; el director General de Construcción y Mantenimiento, Jorge Pérez Rubio; Director de Proyectos Especiales, Óscar Orlando Guadrón; el contralor General, Manuel de Jesús Lara Salazar; y el ex director de Control de Bienes e Inventarios, Héctor Melesio Cuen Díaz.
La audiencia inició a las 10:00 horas y terminó a las 23:54 horas en el Centro de Justicia Penal de Culiacán.
Los defensores solicitaron una audiencia especial para pedirle al juez que decline la competencia a un juez federal.
