Sinaloa se convirtió en el tercer estado en instalar el mecanismo estatal de seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, luego de que el gobernador Rubén Rocha Moya tomara la protesta a los integrantes de este mecanismo.

Con esto el gobierno estatal busca atender dicha problemática social, “hacer justicia y sobre todo detener este fenómeno que enluta a familias sinaloenses”.

Jesús Peña Palacios, representante Adjunto y Oficial a Cargo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que para la ONU, el mecanismo establece un espacio de cooperación, diálogo y búsqueda por la eficiencia de los recursos materiales y humanos que articula a actores locales con cinco funciones claves.

Dichas funciones son: analizar las recomendaciones; coordinar a las autoridades para asegurar procesos organizados, eficientes e integrales; hacer un seguimiento puntual de las medidas adoptadas; evaluar los procesos y las medidas; e informar a las demás autoridades y a las familias de las personas desaparecidas y en general a la sociedad sobre los resultados alcanzados.

El mandatario estatal garantizó que dichas funciones serán vinculantes en la tarea a realizar por parte del mecanismo, “que no partirá de cero ni improvisará, sino que atenderá estas directrices y la metodología que propone”.

Por otro lado el morenista reconoció a medios de comunicación y periodistas diversos, por su compromiso e interés en el respeto a los derechos humanos.

Los integrantes de este mecanismo estatal de seguimiento, que rindieron protesta son el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; la fiscal general, Sara Bruna Quiñónez Estrada; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Carlos Álvarez Ortega; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, la diputada Elizabeth Chía Galaviz; la encargada del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Yeraldine Bonilla Valverde; la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Patricia Figueroa Sauceda y la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Karina Elizabeth Márquez Calderón.