Con siete votos a favor y cuatro en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un tope de gastos de 34 millones 370 mil 660 pesos para cada una de las ‘corcholatas’ de Morena y sus aliados, así como para los aspirantes del Frente Amplio por México (FAM), que buscan la candidatura presidencial del 2024.

Durante la sesión extraordinaria celebrada la noche de ayer miércoles, los consejeros del INE aprobaron en lo particular y lo general el proyecto de lineamientos generales y de fiscalización para los procesos entre los partidos a fin de elegir representante para el proceso electoral del siguiente año.

La consejera Carla Humphrey propuso reducir el tope máximo de gastos de cada uno de los participantes, al considerarlo “excesivo”; sin embargo, su iniciativa no fue aprobada por el resto de los consejeros.

Su propuesta fue apoyada por la consejera Dania Ravel, quien coincidió que los 34.3 millones de pesos son excesivos al considerar que se entregan a cada uno de los participantes que buscan la candidatura presidencial de la 4T y del Frente.

“Se establecen los límites individuales de aportaciones para las personas participantes en estos procesos políticos que es de 2 millones 148 mil 166 pesos, también se establecen límite de aportaciones para militantes y simpatizantes que sería de 537 mil 041 pesos. Asimismo, se establece un tope de gastos por persona participante, el cual me parece excesivo y creo que habría tener en cuenta que se trata de procesos políticos determinados y no de procesos internos o de precampaña, por lo tanto creo que habría que limitar bajar este monto de tope de gasto de campaña”, dijo Humphrey.

Los aspirantes inscritos podrán aportar de manera individual solamente 2 millones 148 mil 166 pesos; en tanto que las aportaciones de militantes o simpatizantes, de manera individual, no podrá sobrepasar los 537 mil 41 pesos.

El INE considerará como gastos los sueldos de personal eventual; materiales y suministros; operativos; viáticos; propaganda institucional y utilitaria en vía pública, diarios, revistas y medios impresos, salas de cine, internet y redes sociales.

Asimismo, el proyecto señala que quedan prohibidos los donativos o aportaciones en dinero o especie provenientes de funcionarios, dependencias, órganos autónomos, partidos o políticos extranjeros, organismos internacionales y de hasta personas extranjeras.

Tampoco está permitida la utilización de tiempos de radio y televisión, ni la contratación por sí o terceras personas para difundir mensajes relativos a los procesos políticos.

Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral certificará la propaganda de espectaculares, vehículos del transporte público (como pueden ser las llamadas pegatinas, entre otras) y en la pinta de bardas; pero la que ya está identificada tendrá que ser retirada, teniendo un plazo máximo de cinco días para realizarlo.

En ese mismo sentido los participantes sólo podrán contratar bienes y servicios a empresas del catálogo del registro nacional del organismo electoral, de lo contrario, las transacciones serán calificadas como “gasto no comprobado” y se ordenará que sean vistas por las autoridades correspondientes.

No obstante, el INE también estableció una serie de medidas dirigidas específicamente a los aspirantes, quienes no deben tener como objetivo el obtener el respaldo de la población para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular.

También deberán omitir expresiones, discursos y mensajes que conlleven elementos de naturaleza electoral o equivalentes.

Mientras que las personas servidoras públicas podrán asistir a eventos de las ‘corcholatas’ y de los aspirantes del Frente en días inhábiles.