El día de hoy se celebró, ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, la audiencia de apelación en la que se escucharon los argumentos orales de México en su demanda contra las empresas manufactureras de armas.

Como parte de su estrategia legal en contra del tráfico ilícito de armas, México insistió que la ley estadounidense que otorga inmunidades a quienes fabrican y comercian armas no tiene efectos por los daños causados en territorio mexicano.

El Gobierno de México busca revertir la decisión del 30 de septiembre de 2022, por medio de la cual la Corte de Distrito de Massachusetts desechó la demanda.

En esa ocasión, el juez federal determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) otorga inmunidad a las empresas demandadas, incluso si el daño causado ocurre en territorio mexicano.

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A pesar de ello, el juez encargado del caso reconoció que la demanda argumentó de manera exitosa que las prácticas de las empresas demandadas son una causa indirecta de la violencia armada que se vive en México.

En marzo de 2023, se presentó el escrito de apelación en el que se argumentó que la Corte de primera instancia erró al dar una lectura amplia y absoluta de la PLCAA y así otorgar inmunidad a las empresas de armas.

La PLCAA no contiene ninguna disposición explícita que señale que pueda ser aplicada frente a daños provocados fuera de territorio estadounidense, por lo que no otorga inmunidad a las empresas por los daños ocasionados en México.

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Alternativamente, aun en caso de que se insista en que la PLCAA es aplicable, las acciones y omisiones cometidas por las empresas de armas forman parte del catálogo de excepciones a la inmunidad que establece la misma ley, por lo que el caso de México debe seguir su curso.

El panel de jueces que escucharon los argumentos de México estuvo conformado por dos jueces y una jueza de corte liberal y progresista.