El exsecretario de salud en Chihuahua, Eduardo “F”, dentro de la administración del exgobernador Javier Corral, fue vinculado a proceso la tarde de hoy por el juez de control, César Alberto Villalba Máynez.

El juez consideró que existen pruebas suficientes para determinar la probabilidad de la comisión de conductas delictivas, la tipificada como Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades, en el artículo 261, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, por una presumible contratación ilegal de deuda.

El juez de control fijó un plazo de dos meses para la integración de pruebas, toda vez que el togado refirió, que quedó acreditado que el imputado omitió cumplir con el del articulo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, así como el incumplimiento al artículo 24, referente a los montos y plazos de pago, al contratar un financiamiento, es decir, deuda mismo que no se justificó que se hayan cubierto gastos pendientes con motivo de la salud por lo que no hay ninguna excluyente de delito.

Dentro de la exposición por parte del Ministerio Público, adscrito a esta Fiscalía, se acotó que el 3 de marzo de 2021 el ex funcionario , firmó un convenio atípico, por el que se reconoció un “adeudo” por 401 millones 364 mil 155.59 pesos, en favor del Instituto Chihuahuense de la Salud, el cual, se comprometió a pagar en seis parcialidades mensuales, pagaderas en el periodo comprendido del último día del mes de marzo de 2021, al último día del mes de agosto del mismo año.

Es decir, generaron un irregular documento público que consigna el reconocimiento o confesión de una deuda del Gobierno del Estado de Chihuahua a favor del Instituto Chihuahuense de la Salud. El cual, es un organismo descentralizado (no autónomo) cuyo Director General, es el mismo Secretario de Salud, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Así mismo se determinó que el costo y carga financiera irregular pagada por el ICHISAL y el Gobierno del Estado asciende a 24 millones 114 mil 217.15 pesos; por lo tanto, se advierte que el objeto de la presente operación financiera, no fue ceder los derechos del convenio de reconocimiento de adeudo y pago, sino contratar financiamiento, es decir, deuda según la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.