Dos integrantes de la Comisión de la Verdad del periodo 1965 – 1990, presentaron su renuncia ante Alejandro Encinas, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y presidente de dicha comisión, argumentando la falta de presupuesto y de interés del Ejecutivo.
Con un acuse de siete páginas, que fue entregado al Subsecretario, los funcionarios Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sñanchez Matus desglosaron cuatro puntos en los que detallaron la inexistencia de recursos para el Comité de Impulso de la Justicia (CIJ), la no formalización del trabajo de la Comisión, así como las disfuncionalidades de la misma y de la imposibilidad del cumplimiento del mandato.
“Ante la falta de voluntad política, consistente en la inexistencia de recursos financieros destinados por la Comisión para la ejecución de nuestro mandato durante 16 meses, misma que transgrede el Decreto que le da origen, así como los compromisos expresados por el propio titular del Poder Ejecutivo Federal y las recomendaciones internacionales; la ausencia de un acuerdo formal de colaboración con la FGR y las fiscalías locales; el incumplimiento de los acuerdos y la falta de operatividad, síntomas todos de un deficiente funcionamiento de la Comisión y de fallas estructurales en las instituciones gubernamentales, en detrimento de las demandas legítimas de las personas sobrevivientes y de los familiares de las victimas de la violencia política del pasado reciente en nuestro país, lo cual perpetúa la impunidad, presentamos a usted nuestra renuncia como integrantes del CIJ, efectiva a partir de la fecha del presente escrito”, se lee en la renuncia.
En el primer apartado, sobre la inexistencia de recursos, los exintegrantes detallaron de forma cronológica que, pese a que por decreto se ordenó hacer adecuaciones presupuestarias “incluyendo la disponibilidad de que existan recursos para la creación de una Fiscalía Especializada”, lo cual fue recalcado en diversas ocasiones por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, no se ortorgaron los recursos en ninguna ocasión durante un periodo de octubre de 2021 hasta marzo de 2023.
“Contrariamente a lo manifestado por el Presidente de la República en el acto de instalación de la Comisión, se nos informó que esta no contaba con los recursos financieros para el ejercicio del año 2022, por lo que se explorarian alternativas con otras dependencias del gobierno federal. No obstante lo anterior, durante el primer semestre del año 2022 participamos de lleno en las labores de la Comisión”, se señala en el punto seis de un total de 23 que se desglosan sobre el tema de recursos financieros.
Sobre la “inexistencia de formalización del trabajo” del CIJ recalcó que el 10 de diciembre de 2021, en el acto de instalación de la Comisión, el Jefe del Ejecutivo Federal, hizo compromiso de “indagar, investigar, conocer la verdad de lo sucedido con relación a las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, y agregó “ojalá y se terminen las investigaciones, los trabajos lo más pronto posible. Yo quiero que antes de que concluya mi mandato podamos informar y, como aquí se dijo, que podamos hacer justicia”.
Ante ello, denunciaron al Jefe del Ejecutivo que en su participación en dicho acto manifestó que “esta deuda histórica con las víctimas y con la sociedad mexicana mantiene una herida abierta que requiere de una respuesta clara por parte del Estado mexicano que permita una investigación para el esclarecimiento histórico de estos hechos a fin de contribuir a brindar acceso a la justicia, fortalecer la búsqueda de las personas desaparecidas y que se implementen las acciones pertinentes de reparación integral y garantias de no repetición”.
“Contrariamente, en lo concemiente al mandato del CIJ, el compromiso de justicia asumido por el presidente de la República y por usted, no se ha hecho efectivo, debido, primordialmente, a la inexistencia de un acuerdo entre la COVEH y la Fiscalía General de la República (en adelante “la FGR”), que formalice el trabajo del CIJ ante la Coordinación General de Investigación de la FGR, instancia a cargo, en la actualidad, del mayor número de investigaciones por graves violaciones de los derechos humanos”, destaca el punto 26.
Los ahora exmiembros del CIJ argumentaron también que “la informalidad impera en el funcionamiento de la Comisión”, lo que se refleja en el incumplimiento de los diversos acuerdos, la falta de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno, el incumplimiento de sus acuerdos, en particular los relacionados con el funcionamiento el CIJ, el cambio de fechas y horarios de reuniones de manera intempestiva, la falta de convocatoria a muchas de ellas, la ausencia de minutas y de las actas de acuerdos, entre otros.
