Investigan cuentas bancarias a Estrada Ferreiro

JESÚS ESTRADA FERREIRO. Cuentas a revisión.

El asesor victimal del Ayuntamiento, Janel Guillermo Sedano, dio a conocer que la UIPE está realizando un informe sobre los ex funcionarios para seguir la ruta del dinero

La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado entró a la investigación contra el ex alcalde Jesús Estrada Ferreiro y su Comité de Adquisiciones para revisar sus cuentas y detectar si los ex funcionarios recibieron depósitos tras firmar un contrato supuestamente irregular y podrían acusarlo de otro delito.

En la investigación está involucrados el ex alcalde, la ex tesorera, Issel Guillermina Soto; el ex secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo; el ex oficial mayor, Alejandro Amézquita; el ex director de Egresos y Presupuesto, Raúl Alcántar Kondo; y las ex regidoras de Morena, Angelina Gutiérrez y María Antonia Sarabia.

Todos están vinculados a proceso penal por la presunta adjudicación sin licitación de un contrato para el arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura, por 117 millones de pesos.

En una audiencia, el asesor victimal del Ayuntamiento, Janel Guillermo Sedano, dio a conocer que la UIPE está realizando un informe sobre los ex funcionarios para seguir la ruta del dinero.

Detalló que la UIPE está haciendo un cruce entre las declaraciones patrimoniales y los estados de cuenta que proporcionó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para establecer si los ex funcionarios recibieron depósitos después de que firmaron el contrato por el arrendamiento de los camiones.

Manifestó que además está pendiente que la Auditoría Superior del Estado realice la evaluación de las respuestas que dio el Ayuntamiento a los resultados de una auditoría que hicieron en 2022.

El asesor dijo al juez que solicitó a la Fiscalía el informe de la UIPE y de la ASE y se lo negaron porque no cuentan con él, ya que las instituciones encargadas no lo han concluido y además el plazo para cerrar la investigación terminó el 18 de abril.

Manifestó que debido a que no se pueden hacer actos de investigación una vez que concluye el plazo, es necesaria la reapertura de la investigación.El a

sesor mencionó que el Ayuntamiento tiene hasta el 30 de mayo para responder las observaciones y la ASE tiene 120 días hábiles para dictaminar las respuestas.

Señaló que la ASE se comprometió a resolver en menor tiempo por lo que pidió al juez cuatro meses para cerrar la investigación.

Comentó que con la investigación de la UIPE seguirán la ruta del dinero y se podría establecer otro delito.

La Vicefiscal Anticorrupción, Nereida Avilés, señaló que con la información que requiere el asesor victimal se configuran tres posibles escenarios al concluir la investigación: el primero, se sostenga la acusación como está hasta el momento; el segundo, que se mantenga solo para algunos y con otro delito; y el tercero, que la FGE se quede sin materia para presentar la acusación.

Los abogados de los defensores dijeron estar en contra de que se reabra la investigación.

El abogado, Josué Ontiveros, manifestó que el asesor es comparsa de la FGE para dilatar el proceso penal.
Señaló que causa suspicacia que haya solicitado esos informes días antes de que concluyera el plazo para cerrar la investigación, cuando tuvo tiempo suficientes para hacerlo.

Aseguró que además la FGE no les entregó copia de las solicitudes que hizo el asesor ni de la negativa que dio para entregar los informes.

El juez Adán Alberto Salazar Gastélum dijo que debido a que la defensa desconocía la solicitud del asesor y la negativa de la FGE, no podía haber un debate.

Pidió a la FGE y al asesor entreguen los documentos a los defensores y recesó la audiencia para el martes 9 de mayo para decidir si se reabre la investigación.

El ex alcalde Jesús Estrada Ferreiro señaló que “es una patraña lo que están haciendo, no podemos tolerar este tipo de casos, señor juez”.

Señaló que hay una corrupción imperante de parte del gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario General de Gobierno Enrique Inzunza Cázares.

Dijo al juez que Inzunza Cázares “manda a los jueces todavía” y “sigue siendo su jefe”.

La ASE, manifestó, ya hizo una auditoría y no hubo observaciones y ahora hicieron otra para obtener el resultado que quieren.

Acusó que en la audiencia anterior el ministerio público, Luis Manuel Ayala, lo amenazó con solicitar medidas cautelares en su contra y los fiscales pidieron protección policial para que los cuiden de él.

Aseguró que los fiscales le dijeron “a ver cómo te va con el caso del taller municipal”, en referencia a otra investigación en su contra.

Pidió al juez que no se deje enredar porque hay castigos divinos.

“Ojalá se salven de ese pecado gravísimo que están cometiendo”, expresó.

La vicefiscal, Nereida Avilés, pidió a la palabra la juez y empezó a explicar los motivos por lo que no tienen la información que solicitó el asesor y a responder los señalamientos de Estrada Ferreiro sobre las amenazas.

Los abogados la interrumpieron y pidieron al juez le solicitara que se enfocara solo al tema de la audiencia y el juez dijo a la vicefiscal que ella estaba hablando de temas que no eran de la audiencia y que además ya no tomaría una decisión hasta el martes cuando haya un debate entre las partes.

La vicefiscal reclamó que a Estrada Ferreiro sí le permiten que hable de asuntos que no están relacionados con la audiencia y todos los escuchan y el juez no lo interrumpe como lo hizo con ella.

El juez no dio respuesta al reclamo y solo señaló la hora de la próxima audiencia.

Artículo publicado el 07 de mayo de 2023 en la edición 1058 del semanario Ríodoce.

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