A raíz del incendio en el centro de detención para migrantes de Ciudad Juárez, ocurrido el pasado 27 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el sacerdote Alejandro Solalinde han venido adelantando que éste último se hará cargo de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CNAME), instancia gubernamental que sustituirá al Instituto Nacional de Migración.

Ante este anuncio, el director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el sacerdote Mario Ángel Flores Ramos, aclara que “El padre Solalinde se metió en un terreno muy pantanoso, pues en términos de disciplina eclesiástica no puede ser funcionario de gobierno y al mismo tiempo ejercer el ministerio sacerdotal. ¡No puede! Se lo impide el derecho canónico”.

La sanción por esa rebeldía es la dimisión de su condición de clérigo, la reducción al estado de laico, dijo el sacerdote.

Eso significa que ya no se le consideraría un sacerdote y es la dimisión consiste en quitarle oficialmente su condición de clérigo.

El pronunciamiento explícito le corresponde hacerlo a su superior jerárquico, el obispo de Tehuantepec, por ser la diócesis a la que pertenece Solalinde, señaló Flores Ramos.

El vicario general de esa diócesis, Lucio Santiago Santiago menciona las declaraciones de López Obrador en su conferencia mañanera del pasado 31 de marzo, cuando reveló que él y Solalinde ya llevan tiempo planeando la creación de la CNAME, al frente de la cual estará el religioso, pero de “manera honoraria” para evitarle problemas legales, apuntó el mandatario.

Y Solalinde recalca que, por el solo hecho de ser un cargo honorario y sin goce de sueldo, no se convertirá en funcionario gubernamental y, por tanto, no violará la legislación canónica ni la civil.

Proceso