El Gobierno Estatal está dando una atención precaria a la crisis de derechos humanos que se vive en cuarterías de Guasave con mujeres jornaleras y niñas, consideró la presidenta del colectivo No se metan con nuestras hijas, Priscila Salas.
Señaló que las autoridades llegaron tarde al cumplimento de los derechos humanos porque esta crisis derivó de una serie de omisiones y anuencias.
Manifestó que el estado solo está dando una solución asistencialista.
No solo es repartir comida, indicó, sino generar políticas públicas de atención que tomen en cuenta todos los derechos.
El Gobierno, indicó, debe apegarse a una recomendación vinculatoria del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, emitida al Estado Mexicano, sobre la obligaciones de garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas indígenas.
La recomendación obliga a garantizar plenamente los derechos humanos y obliga a luchar contra el racismo, sexismo y pobreza.
Las niñas y mujeres indígenas sufren violencia en el trabajo, en las instituciones publicas, educativas y corren riesgo de ser víctimas de violencia misógina letal.