lunes, mayo 29, 2023
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Procesa juez a cuatro militares por asesinato de cinco civiles en Nuevo Laredo

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Un juez de Control abrió un proceso penal en contra de cuatro militares del Ejército Mexicano imputados por el delito de homicidio calificado, por su presunta responsabilidad en el asesinato de cinco  civiles desarmados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero.

En audiencia pública celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, Tamaulipas, el juez especializado en el sistema acusatorio, Eduardo Javier Sáenz Torres, también dictó auto de vinculación a proceso en contra de los cuatro militares por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de los dos sobrevivientes.

De acuerdo con la causa penal 46/2023, el día de los hechos cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dispararon contra un grupo de siete civiles desarmados que se desplazaban en una camioneta, argumentando que habían oído un estruendo similar al que producen las armas de fuego.

Sin embargo, tras una inspección a la unidad, los militares en activo, identificados como Agustín “N”, Juan Carlos “N”, Bernardo “N” y Jorge Nicolás “N”, no encontraron armas ni ningún otro objeto que pudiera ser considerado como elemento de una actividad ilícita.

Como resultado de la agresión contra los civiles, cinco perdieron la vida y solamente dos sobrevivieron.

En la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República presentó suficientes elementos de prueba para que los militares fueran vinculados a proceso.

Además, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó al juez de la causa ratificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los elementos del Ejército Mexicano.

Debido a que el juez de Control concedió la medida cautelar, los cuatro elementos en activo de la Sedena seguirán internados en la prisión del Campo Militar 1, ubicada en la Ciudad de México.

El juez de la causa determinó dos meses de investigación complementaria, plazo que se puede ampliar hasta un año a petición de la defensa de los imputados o de la Fiscalía General de la República.

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