En el quinto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se señala que el despacho del Fiscal General, la División de Asuntos Internos de la UEILCA y el Ejército han intentado controlar las investigaciones

A ocho años y medio de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el despacho del Fiscal Alejandro Gertz Manero y la División de Asuntos Internos han intervenido en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) para intentar “controlar las investigaciones”.

En el quinto informe “Una visión global sobre los hechos, las responsabilidades y la situación del caso Ayotzinapa”, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado el viernes 31 de marzo por Angélica María Buitrago y Carlos Martín Beristain, se señala que en la actual administración también la Sedena ha ocultado las investigaciones internas que ha realizado.

“La actuación del despacho del Fiscal General y de la División de Asuntos Internos en la UEILCA en agosto de 2022 y las presiones llevadas a cabo contra el fiscal del caso y su equipo, llevaron a la salida del Fiscal Omar Gómez Trejo y gran parte de su equipo de la UEILCA. La intervención de Asuntos Internos, a pesar de ser presentada como una revisión rutinaria, tuvo dos objetivos, revocar 21 órdenes de captura sobre sujetos del ejército, juez de barandillas y otro; y presionar a los funcionarios de la UEILCA para presentar de forma acelerada acusaciones por investigaciones que estaban en curso”, señala el documento.

“La actuación de Asuntos Internos supone un obstáculo a la independencia de la Fiscalía especial, hecho que fue denunciado por el GIEI en el mismo momento que sucedió en 2022, y que no ha sido investigado. Se debe evitar que funcionarios que tuvieron una actuación cuestionable en la investigación en 2016-2018 de funcionarios de la PGR, autores de la construcción de la llamada Verdad Histórica, sigan teniendo poder dentro de la Fiscalía como sucede actualmente. Sin la necesaria independencia, imparcialidad y conocimiento del caso, la fiscalía ve y verá limitado su trabajo.”

En agosto de 2022, Gertz Manero sustituyó a Omar Gómez Trejo de la UEILCA y delegó parte de su trabajo a la Fiscalía de Asuntos Internos, que además de abrir una investigación interna, canceló 21 órdenes de aprehensión, la mayoría contra militares involucrados en el caso Ayotzinapa.

El GIEI y los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos han criticado la intromisión tanto de Gertz Manero como del presidente, Andrés Manuel López Obrador en las investigaciones.

“La fiscalía corre el riesgo de que se difieran las investigaciones y capturas, y no se llegue a esclarecer el caso a pesar de contar con la información que ya se encuentra disponible y que se retarden o se limiten las acciones de investigación que aún hay que llevar adelante.”

En el informe se añade además que hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se ha negado a entregar los expedientes de las investigaciones internas sobre el personal del 27 Batallón, que mintió y ocultó información sobre su actuación durante la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

“Siete años después de los hechos, mediante la revisión de archivos de SEDENA, se encontró que esta se debió a que dos miembros del 27 batallón no habían compartido parte de la información de los lugares donde estuvieron en la noche, pero se desconoce el contenido de dicha investigación. Muchos de los soldados fueron interrogados por la Justicia Penal Militar, algunos de ellos varias veces, y esa información no ha sido proporcionada a la investigación”, detalla.

“El GIEI ha realizado reiteradas peticiones de que se proporcione el contenido de dichos procesos, debido a que ello permitiría conocer su alcance y consecuencias. El solo hecho de que se dieran esas investigaciones muestra que la versión de que ‘no había habido ningún problema’ no se sostiene y es contraria a la realidad. Hecho que se ha podido documentar ampliamente y que se ha exigido se realicen las investigaciones sobre las omisiones, mentiras y versiones acordadas que restan información vital para dar con el paradero de los estudiantes.”

En el informe de 23 páginas, se detallan en 36 puntos, las conclusiones del caso en base a la evidencia probada, así como las decisiones que se consideran que se deben “tomar para impulsar la investigación y la justicia”.

Entre los puntos se señala que las autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellos la Sedena y el CISEN, tuvieron conocimiento previo de las actividades de los normalistas, lo que estaba ocurriendo en tiempo real la noche del 26 de septiembre de 2014, la colusión de las autoridades estatales, federales y municipales y policías de Iguala con la delincuencia organizada, la “parálisis intencional” de autoridades en el ámbito estatal y federal durante el ataque a los estudiantes.

El documento añade como conclusiones, la actuación coordinada de integrantes de las policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco en contra de los estudiantes, la inactuación de la Policía Ministerial durante los hechos violentos, falta de colaboración del ejército con las autoridades estatales, la infiltración de un militar en la normal de Ayotzinapa, los operativos de la Marina en los lugares donde presuntamente estaban los cuerpos de los estudiantes y que fueron ocultados.

El informe señala que la PGR tuvo responsabilidad en la construcción de la llamada Verdad Histórica, “para tratar de cerrar el caso, ocultando las responsabilidades de diferentes corporaciones e instituciones del Estado, imponiendo una versión que limitaba los hechos al narcotráfico y dos policías municipales y el presidente municipal de Iguala”.

“La cooptación de numerosas corporaciones por la Delincuencia Organizada en Iguala y Guerrero, y su ocultamiento por las autoridades, puso las condiciones para que la desaparición masiva se llevara a cabo”, manifiesta.

Posteriormente tras las detenciones de los presuntos implicados en la desaparición de los normalistas, la “tortura sistemática contra detenidos, especialmente a partir de inicios de octubre de 2014, además de constituir una grave violación de derechos humanos, pervirtió totalmente la investigación y las declaraciones”, indica.

En estos años, de los restos encontrados solo se comprobaron cuatro, que pertenecen a tres jóvenes de Ayotzinapa, Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivany Guerrero de la Cruz.
“Muchos testigos y participantes en los hechos miembros de GU han sido asesinados en estos años, algunos de ellos intencionalmente para impedir la investigación”.

El GIEI añade que el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ), presentado en agosto de 2022 no tiene que ver con la judicialización, dado que se trata de una instancia extrajudicial, y sus revelaciones respecto a los hechos se basan (parcialmente) en la evidencia del GIEI y la UEILCA, además de la suya propia. “La determinación por parte de dicha comisión de que se trata de un Crimen de Estado está basada en pruebas existentes”.

“Otra parte de dicho informe recogía capturas de pantalla de mensajes de whatsApp. Para el GIEI los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital y no es posible garantizar la originalidad de las capturas de pantalla.., dada la inconsistencia de los metadatos y otros aspectos clave de los mensajes que demostró un peritaje encargado por el GIEI a un experto en ‘informática forense’ y que ha sido entregado a la Fiscalía, a la COVAJ y a los representantes… las características de esos mensajes contrastan enormemente con las de los mensajes PIN de las escuchas telefónicas y mensajes de Chicago, que muestran el tipo de comunicaciones que tenían efectivamente los miembros del grupo criminal”.

El GIEI ha alertado a las autoridades de algunas maniobras de las que ha tenido conocimiento y que señalan a personajes del estado de Guerrero en intentos de manipulación. También se han dado señalamientos contra abogados representantes de las víctimas, de organizaciones como Tlachinollan o el Prodh que se encontraron en archivos militares que se basan en prejuicios o señalamientos similares a los que ha sido objeto el GIEI en el pasado y que son inaceptables, y de los que se encontró rastro en dichos archivos.

“Es importante que se proteja la confianza y el proceso de las víctimas con la información transparente y un marco de atención a los familiares en sus necesidades que debe ser claro y fundamentado en los derechos de las víctimas, y no en gestiones particulares o selectivas. La construcción de un programa de atención sigue siendo, ocho años después de los hechos, una asignatura pendiente que debe llevarse a cabo con la participación de los familiares y sus representantes, para lo que el GIEI ha ofrecido su colaboración. En ningún caso esto supone dejar de lado la lucha por la verdad y la justicia”.

Artículo publicado el 09 de abril de 2023 en la edición 1054 del semanario Ríodoce.