Diputados de todos los partidos e independientes, a excepción del PAS presentan reformas a leyes orgánicas de tres universidades de Sinaloa

Luego de entrar en vigor la Ley de Educación Superior de Sinaloa, los diputados de Morena, PRI, PAN, PT, MC y sin partido, con excepción del PAS, se unieron para proponer reformas a las leyes orgánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Universidad Autónoma de Occidente (UADEO) y Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM).

Las iniciativas de reforma fueron firmadas por 35 de los 40 diputados para proponer cambios en las leyes orgánicas en cuatro ejes básicos:

La democratización en la forma en que se elige a rector y directores mediante consultas a universitarios que incluyan a docentes, trabajadores y alumnos, con el voto directo y secreto. Para este objetivo, los Consejos Universitarios tendrían en forma permanente una Comisión de Consultas. Las campañas proselitistas de los aspirantes a ocupar cargos estarían prohibidas y en su lugar se realizarían comparecencias para presentar sus proyectos a la comunidad universitaria.

La disposición expresa que sean auditados los recursos públicos y que la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción sea una constante en la vida universitaria. En las tres instituciones educativas funcionaría una Contraloría Social Universitaria y los Consejos Universitarios tendrían una Comisión Permanente de Transparencia y Combate a la Corrupción.

La aplicación universal de la paridad de género en los nombramientos de todos los cargos, desde consejero universitario, consejos técnicos, directores e integrantes de los órganos de consulta.

Incluye además que la expedición de constancias, certificados, diplomas, títulos y grados académicos, se hagan con lenguaje inclusivo, atendiendo la perspectiva de género.

La otorgación de la educación de manera obligatoria y gratuita, dando esa gratuidad de forma gradual, de conformidad con la suficiencia presupuestaria.

La presentación de las propuestas de reformas a la UAS, UADEO y UAIM se realizó en el marco de una áspera controversia de la UAS y el fundador del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, con el Congreso del Estado y el gobernador Rubén Rocha Moya.

Mientras la UAS subió de tono su posicionamiento y movilización para defender lo que consideró una amenaza a su autonomía universitaria, tanto la UADEO como la UAIM guardaron mesura sobre la entrada en vigor de la Ley de Educación Superior y en relación a la presentación de iniciativas de reformas a sus leyes orgánicas.

En la exposición de motivos de las iniciativas, prácticamente redactadas con textos similares, los legisladores firmantes señalaron que la renovación de la educación superior en México y en Sinaloa es inaplazable porque se requiere un cambio de fondo en la concepción de la universidad en atención a las circunstancias históricas del país.

Los diputados afirmaron en los textos de las tres iniciativas que respetan la autonomía universitaria, pero advirtieron que esta no significa soberanía.

Específicamente señalaron que la autonomía es para que las universidades se organicen, administren y funcionen libremente, no que implique un derecho territorial por encima de las facultades del Estado, y con ello no son inmunes ni son territorios de excepción del orden jurídico que emita el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado de Sinaloa.

La UAS, como punta de lanza

En la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica de la UAS, que consta de 44 páginas, los diputados argumentaron que la Casa Rosalina lleva décadas con un marco legal no actualizado, por lo que es urgente ponerlo a la vanguardia.

La propuesta hace el recuento que, en las dos últimas legislaturas, desde el interior de la UAS se presentaron nueve propuestas de reformas a la Ley Orgánica, pero ninguna concluyó el proceso legislativo.

Ente los cambios está el artículo 3, que especifica que la universidad es democrática y se le agrega que para la solución de diferencias se hará con base al libre pensamiento y discusión de ideas. Y que promueve un modelo de educación basado en el respeto, inclusión, la tolerancia, donde la comunidad universitaria participa.

En el artículo 21 señala que en el Consejo Universitario existirá la Comisión Permanente de Consultas, de Planeación y Presupuesto, de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Entre las obligaciones del rector estaría presentar el presupuesto anual de egresos e ingresos de la institución ante el CU, señalar el monto del subsidio del gobierno federal, y del subsidio estatal previsto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, identificando su destino.

En los cambios importantes está el artículo 36 que específica que el titular de rectoría y las personas titulares de las unidades académicas serán nombradas mediante una consulta a la comunidad universitaria a través de urnas y el voto directo, personal y secreto, lo que sustituye a la normatividad vigente que señala que el rector es nombrado por el CU en votación secreta y por cédula de una terna que le presenta la Comisión Permanente de Postulación que es integrada por 11 miembros.

La iniciativa incluye nuevas facultades a la Contraloría Social Universitaria para que proponga a través de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del CU, una terna de despachos contables acreditados para realizar auditorías externas al ejercicio del gasto de la institución, en lugar de solamente un despacho.

En un artículo transitorio se especifica que quienes ocupan la rectoría y directores de unidades académicas, integrantes del Consejo Universitario y los Consejos Técnicos ejercerán sus cargos hasta concluir el periodo para el cual fueron electos, previo a la expedición del decreto.

Eliminar la Junta de Gobierno para democratizar la UADEO

La iniciativa de 48 páginas contempla la desaparición de la Junta de Gobierno en la UADEO, integrada por siete miembros, quienes actualmente tienen entre sus atribuciones la designación y remoción del rector.

En su lugar, establece que el Consejo Universitario como máxima autoridad de la institución tendrá como atribución convocar a una consulta para la elección del rector y a los titulares de las Unidades Académicas, las cuales se harán a través de urnas y el voto directo, personal y secreto.

Al igual que en la UAS, se incluye que dentro del CU funcionarán de manera permanente las comisiones de Consulta de Planeación y Presupuestación, y de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Entre los requisitos para ser rector se propone se amplié a una antigüedad de 10 años de servicios de docencia e investigación y un mínimo de cinco años como profesor investigador de tiempo completo en activo; en lugar de ser miembro de la comunidad universitaria durante un periodo no menor de tres años.

Se agrega además el no ser dirigente sindical o de un partido político, ni haber prestado servicios a la administración universitaria en los cuatro meses anteriores a la elección; en lugar de limitar a no tener esa representación al momento de la designación.

Los titulares de las unidades académicas deberán ser integrantes de la planta o de investigación preferentemente de tiempo completo, con una antigüedad de cinco años en la unidad, en lugar de un periodo no menor de tres años.

La propuesta incluye también el funcionamiento colegiado de un Tribunal Universitario y la Defensoría de Derechos Universitarios, una Contraloría Social Universitaria.

En la UADEO funcionaría al igual que en la UAS una Contraloría Social, la cual se integrará por un diputado de cada Grupo Parlamentario, un representante de la administración pública estatal, organismos de trabajadores o campesinos del estado, un empresario, federación de colegios de profesionistas, y dos representantes estudiantiles.

En la UAIM también usarían urnas para elegir autoridades

En el caso de la UAIM se agrega que para establecer dependencias educativas en diversas localidades de Sinaloa deberá contar con la opinión del Consejo Universitario, los gobernadores tradicionales de los pueblos indígenas que atienda la universidad.

Se elimina la exclusión de los pueblos indígenas, residentes, migrantes, campesinos, afroamericanos y demás grupos sociales desfavorecidos que habitan en las comunidades de Sinaloa en el acceso a la educación media superior, superior y postgrado, de manera obligatoria y gratuita.

Se modifica la forma en que se íntegra el Consejo Comunitario de Asesores, el cual hoy en día se forma a voluntad expresa de los interesados, la iniciativa propone que sea a voluntad expresa del consejo de ancianos, a partir de una convocatoria emitida por la universidad.

La integración de dicho consejo deberá considerar a tres personas por cada comunidad o región indígena y deberán ser avalados por el CU.

Establece también que el Consejo Estudiantil será electo mediante una consulta democrática en urnas con voto directo y secreto, al igual que la elección de los consejeros universitarios.

La iniciativa elimina la atribución del CU de nombrar al rector, para en cambio hacerlo con base en los resultados de una consulta.

Al interior de la UAIM, se crearía la Contraloría Social Universitaria, el cual será un órgano de consulta y propuesta.

Dicha contraloría que funcionaria en cada una de las tres universidades conocerá y revisará el informe financiero trimestral que sus rectores rindan ante el CU, haciendo llegar a este sus opiniones y recomendaciones a través de la Comisión de Hacienda.

A diferencia de las iniciativas de reforma de la UAS y la UADEO, en la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la UAIM no se establece que el rector y demás autoridades continuarán en sus puestos. Solo que el decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación.

Las tres propuestas de reforma deberán agregar al proceso parlamentario la realización de una consulta para conocer la opinión de los universitarios y contar con una respuesta de sus órganos de gobierno, en apego a las disposiciones que marca la Ley de Educación Superior de Sinaloa, la cual entró en vigor en días pasados.

Artículo publicado el 12 de marzo de 2023 en la edición 1050 del semanario Ríodoce.