Una iniciativa remitida al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense autorizaría a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actuar contra “los responsables de traficar fentanilo” o cualquier sustancia relacionada con esa droga a suelo estadounidense.
La Resolución 18 fue presentada por el representante Dan Crenshaw, en nombre también de Mike Waltz, ambos republicanos, el pasado 12 de enero, pero cobró atención este domingo, en medio del debate sobre la posibilidad de designar terroristas a los cárteles.
Denominada “Resolución sobre la Autorización del Uso de la Fuerza Militar para Combatir, Atacar, Resistir, Apuntar, Eliminar y Limitar la Influencia”, o Resolución AUMF (por las siglas en inglés), autorizaría al gobierno de Estados Unidos a recurrir a las fuerzas armadas a actuar “contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo a Estados Unidos” y también contra quienes lleven “a cabo otras actividades relacionadas que causen desestabilización regional en el Hemisferio Occidental”.
La iniciativa nombra específicamente a los cárteles contra los que apuntaría por estar relacionados con el tráfico de fentanilo, entre ellos Cártel de Sinaloa, El Cártel Jalisco Nueva Generación, El Cártel del Golfo, Cártel de Los Zetas, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, Cártel de los Beltrán-Levya, La Familia Michoacana, también conocida como el Cártel de los Caballeros Templarios.
La iniciativa subraya que el fentanilo “y las sustancias relacionadas con el fentanilo matan aproximadamente a 80 mil estadounidenses cada año” y que el consumo de fentanilo “es la principal causa de muerte entre los hombres estadounidenses de entre 18 y 45 años”.
Además señala que el Cártel de Sinaloa, así como Los Zetas, “participan constantemente en actos de violencia entre ellos y contra otros cárteles, creando inestabilidad a escasos kilómetros de la frontera de Estados Unidos”.
Cabe señalar que esta iniciativa no ha sido sometida a debate en el Comité de Asuntos Exteriores. En caso de ser votada y aprobada, la decisión quedaría en manos del presidente joe Biden, quien puede firmarla o vetarla.
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