El Juzgado Sexto de Distrito paró la nueva aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al otorgar una suspensión provisional en un nuevo juicio de amparo promovido por el colectivo ¡Aquí No!.

Se trata de una resolución que ordena al director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas paralizar los efectos de la resolución en materia de impacto y riesgo ambiental contenidas en el oficio número SRA/DGIRA/DG-05042-22 del 19 de septiembre del 2022 “… es decir, las autoridades anteriormente citadas, en el ámbito de sus competencias, deberán ordenar la inmediata paralización de operaciones del proyecto denominado “Planta de Amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa”; en la inteligencia de que la suspensión aquí decretada tiene el efecto de paralizar las acciones tendientes a la construcción de la planta, así como la operación de la misma, en caso de haber concluido las primeras (construcción); lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva…”.
Se trata del juicio de amparo 40/2023 que se desahogará en el Juzgado Sexto de Distrito en Los Mochis y cuyo acuerdo de suspensión provisional se publicó el 2 de febrero del presente año en versión electrónica.

De acuerdo con esta, la magistrada del tribunal citó para el dos de marzo la audiencia constitucional a la que también se emplazó a la tercera perjudicada, es decir, a GPO.

La MIA condicionada que se combate se otorgó un día después de concluida la consulta indígena, es decir, el 19 de septiembre del 2022 y antes de que se diera por cumplida la sentencia que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tal sentencia aún no causa Estado, pues existe una queja por los pueblos originarios por vicios en que incurrieron las dependencias encargadas de la consulta.