La Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró que durante el último tercio del trienio del alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, actual diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuatro contratistas fueron los ganones en una amañada asignación directa de obra pública, además de otras irregularidades administrativas.

Con base a las observaciones de la ASE, la Comisión de Fiscalización de la Sexagésima Cuarta Legislatura resolvió reprobar las cuentas públicas de Chapman, pero será el pleno, este martes, el que definirá el rumbo a seguir en el caso.

Según el peritaje de la ASE, en la auditoría practicada se encontró que la administración de Chapman privilegio la adjudicación directa de la obra pública sobre la licitación pública o el concurso por invitación a tres proveedores, lo que violó los principios generales de imparcialidad y equidad en la distribución y asignación de la obra pública.

De acuerdo con la ASE, el 98.13 por ciento de la obra pública realizada del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022 se edificó por adjudicación directa, beneficiando al 30.23 por ciento del padrón de contratistas y excluyendo al 69.77 por ciento. Esto es que 105 obras asignadas terminaron en 26 contratistas de 86 que se registraron en el padrón. De los 26 contratistas, cuatro recibieron 41 contratos, acaparando el 39.05 por ciento de la obra directa.

En contraparte, la administración de Chapman Moreno sólo licitó el 1.87 por ciento de la obra pública, lo que se traduce a dos edificaciones.

No fue todo, pues la Auditoría también encontró que 33 millones 720 mil 869 pesos del gasto corriente se desviaron al pago de servicios profesionales de asesoría, análisis, procesamiento, corrección contable, administrativa, fiscal y legal, sin contar con la documentación justificativa del gasto consistente en el informe de los trabajos.

También señaló un desvío de 5 millones 234 mil 525 pesos por haber realizado pagos con recursos del Gasto Corriente por concepto de apoyo económico otorgado a Manuel de Jesús Beltrán Galindo, para condonar el pago del Impuesto Predial Urbano, el cual señalan beneficiará a 182 familias, sin contar con la documentación justificativa del gasto, y un importe de 534 mil 300 pesos por concepto de apoyo económico otorgado a Daniel Humberto Ibarra Rodríguez y Condueños para condonar el pago del Impuesto Predial Urbano, sin contar con el documento evidencial.

Jacob Efraín Pérez Heiras, presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció porque los excesos del gobierno municipal no queden impunes, y se aplique la ley que ordena quedar bajo investigación y que dependiendo del resultado de esta, se sancionen las conductas, independientemente del fuero que pudieran tener los implicados en el uso irregular de recursos públicos (Manuel Guillermo Chapman Moreno y Ana Elizabeth Ayala Leyva, alcalde y tesorera y actualmente, diputados federales).

Recordó que en el último año auditado (2021), pasaron a ser alcaldes, Chapman Moreno, la regidora, Socorro Calderón Guillén, el ex secretario Juan Fierro Gaxiola, y, Gerardo Octavio Vargas Landeros y se tuvieron dos tesoreras, Ana Elizabeth Ayala Leyva y Onisa Juárez Carmona.

Pérez Heiras reconoció a los legisladores que pese a ser oficialistas, reprobaron las cuentas de municipios gobernados por su partido. Sin embargo, consideró que aún falta más investigación para determinar quién o cuál funcionario fue responsable de los posibles desfalcos de los 50 millones de pesos “que andan volando”.

Sostuvo que hay sospecha que el manejo de los recursos es discrecional, al antojo y capricho de los gobernantes.

“Morena, lejos de estar gobernando bien, tiene un desastre en el manejo de los recursos”, dijo.

En tanto que Héctor Álvarez Ortiz, coordinador de Movimiento Ciudadano, criticó las administraciones rapaces del gobierno actual considerando que demostraron no saber administrar un municipio.

Se pronunció porque los diputados mantengan firme su intención de llevar ante la justicia a los malos gobernantes y que no tuerzan la ley. “En las cuentas del 2021 ojalá se procede como se debe de proceder, si hay irregularidades que se sancionen, pero si hay omisiones, que las aclaren y no queden en palabras como suele quedar. Normalmente el Gobierno tiene el control de todo, y allí van alargando la cosa hasta que no pasa nada, y listo”.

Mientras que Guillermo Padilla Montiel y Francisco Villegas Elizalde, de la asociación civil, Vigilantes Ciudadanos por la Democracia, coincidieron en que el Congreso de Sinaloa de esta y la legislatura anterior simulan una justicia, pero en realidad se comportan como lobos de la misma isleta, condenando hechos irregularidades en primera, pero después lo ocultan y termina en nada, tendiendo una protección partidista.

Artículo publicado el 22 de enero de 2023 en la edición 1043 del semanario Ríodoce.