“No nos vamos a dejar, así tengamos que seguir luchando ocho años más contra estas ratas; no nos van a doblar ni nos van a fregar con sus amenazas. No nos van a meter miedo, ni los gobiernos, ni ellos, ni sus mandaderos, porque todos vamos a defender lo nuestro, lo que los extranjeros nos quieren arrebatar con un puñado de traidores y vendepatrias, de políticos mafiosos, es nuestra tierra, que vengan por ella”, afirmó doña Guadalupe Espinoza Acosta, una mujer yoreme, bajita de estatura, entrona y ya entrada en años.

“Si la lucha contra los amoniacos la comenzamos cuando nada valíamos, hay que terminarla ahora, que los ojos del mundo están sobre nosotros. La terminamos, a lo que cueste”, secundó en una reunión que con más de 50 mujeres y varios hombres más se celebró el pasado miércoles en el centro ceremonial San Ignacio de Loyola, en el campo pesquero Lázaro Cárdenas.

Ella, junto con don Federico Villegas Guillén y 50 personas más firmaron las quejas contra la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que un enviado de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos recepcionó por violaciones diversas a las garantías de los pueblos indígenas y defensores del medio ambiente, al no remitir a tiempo las conclusiones de la consulta a pueblos originarios ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que aún no se determinan.

Se trata de acreditar el incumplimiento de la sentencia en los amparos en revisión 497/2021 y 498/2021 ganados por Ohuira y Lázaro Cárdenas y la sentencia definitiva en el amparo 628/2018 del Juzgado Sexto de Distrito en contra de la Manifestación de Impacto y Riesgo Ambiental, aprobada por Semarnat a Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y la exigencia de una investigación y castigo a los funcionarios que torcieron la ley.

Con la nueva acción en protocolo, doña Guadalupe, don Federico y los yoremes buscan desenredar el misterio de Semarnat al pedir una prórroga para responder al juez Sexto de Distrito.

“Lo que sabemos es que no pueden cuadrar los números ni los resolutivos que asentaron en sus actas de beneficio directo a GPO y Proman, y dependerá de esa respuesta y de nuestra impugnación lo que definirá el juez, pero hasta ahora, no hay nada firme. Ellos saben que se están jugando su puesto y su libertad personal, porque si le mienten al juez se va a ordenar una carpeta de investigación por asentar hechos falsos”, aseguró Claudia Susana Quintero Sandoval, alférez del centro ceremonial de la Virgen del Carmen.

La posición de Claudia fue respaldada por Felipe Montaño Valenzuela, cobanaro de Ohuira; Cricelia Sánchez Luque, portavoz de Nación Yoreme; Enrique Ayala Carrejo, de Sinaloa Despierta, además de Melina Maldonado Sandoval, naturalista; Armando Pinzón Rojo, turistero de la bahía de Topolobampo; Delfino García Valenzuela, pescador y Rosario Valenzuela, ama de casa de Paredones, quienes concluyeron que tras ocho años de estar a la defensiva de los embates del gigante del amoniaco Proman y su filial mexicana GPO, pretenden construir una planta de nitrogenados en un humedal de la bahía de Ohuira, Santa María-Topolobampo, el colectivo ¡Aquí No! de origen yoreme, pasara a la ofensiva.

Esto luego de que en su viaje a la Ciudad de México hicieran contacto con las fracciones políticas de izquierda mexicana, ganaran adeptos a su resistencia contra gobiernos estatales y municipales en complicidad con empresarios de colectivos afines y de que concejales de Berlín, la capital de Alemania, país que fondea el proyecto con recursos públicos, buscaran información sobre el proceder de Proman en las comunidades que pretenden afectar.

De ser pasivos, ahora apuntan hacia tres cabezas visibles de los que consideran manipulan las normas ambientales para conducirlos al banquillo de los acusados por atajar la ley en favor de los empresarios, con o sin presiones políticas: Daniel Quezada, ex coordinador de Participación Social y Transparencia de Semarnat; Benito Mirón López, director general de Construcción Ciudadana y Participación social de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social de la Secretaría de Gobernación e Iván Ramos Méndez, director de Participación y Consulta Indígena del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

Montaño recordó que en su viaje a la Ciudad de México y tras manifestarse en el Palacio de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los recibiera.

Allí estuvieron los que organizaron la consulta y se enteraron del informe que presentaron, el cual se impugnó en el momento, lo que sorprendió a Albores.

Ella pidió pruebas de que las cosas no sucedieron como sus subordinados le narraron y que informaron ya a un juez de distrito. “Les vamos a reunir los videos, y todas las pruebas que acreditan que la consulta fue amañada, sacada del contexto legal y que se violó la propia convocatoria de Semarnat al haber aceptado resolutivos que nunca ocurrieron en los pueblos originarios.

Las pruebas se presentarán en otra reunión que ya está próxima.

El visitador de la CNDH, enterado de los pormenores del caso sólo movía la cabeza de un lado a otro, en señal de reprobación.

“Tienen tanto interés en el amoniaco que falsearon todos los procesos. Hoy no encuentran cómo arreglarlos. Allá vamos, sobre ellos”, sostuvo Quintero Sandoval.

Despiertan yoremes del 5 de Mayo y se rebelan contra despojo de su territorio

Durante muchos años, tantos que ellos no recuerdan cuándo comenzó, fuereños pasivos llegaron y se posicionaron de la franja de la alameda frontal del ejido 5 de Mayo. Con el pasar del tiempo, se creyeron dueños, y ahora estos son un problema, pues comenzaron a cercar la zona de espacios públicos, cerrando el derecho de vía y truncando el paso peatonal.

La cosa es tan grave que hasta montones de balastre fueron depositados en un puente para impedir el cruce sobre un canal de riego.

Hay casos en donde los lotes ya son ofertados a terceros en venta y en renta. Y la invasión avanza sorda, lenta, pero imparable. Esta ya se comió casi un kilómetro de longitud de espacios públicos.

Rosa Jichimea Valenzuela, fundadora de la asociación civil Mujeres Indígenas Trabajando, alentó a su comunidad a recuperar lo que consideran su territorio. Las mujeres, el domingo 27 de noviembre se apersonaron en la asamblea ejidal y reclamaron el derecho sobre los predios y lo obtuvieron.

El martes pasado, se armaron con palas, barras y una cinta métrica, lotificaron y se posesionaron de los terrenos.

“Estas personas, sin saber nosotros quienes son, invadieron la zona pública. Cercaron lo que durante muchos años fue estacionamiento público y estancia, y ahora lo venden. Los foráneos desplazaron a los locales. Nosotros los recuperamos para proteger el lugar, y de alguna forma, generar ingresos para nuestras familias”, dijo, mientras continuaban midiendo los lotes.

“El compromiso es mantener la zona limpia, no en el basurero que es ahora. Es generar economías para que la gente pueda llegar, quedarse unos minutos y que le den ganas de regresar. Nuestra comunidad es la puerta hacia un pueblo mágico (El Fuerte) y los acaparadores la convirtieron en un basurero. Es injusto. No somos así”.

Jichimea sostuvo que las mujeres indígenas se cansaron de estar como el “chinito, nomás milando” y pasaron a la acción.

Una reacción que asegura no se detendrá pues los foráneos llegan para quitarles la tierra a los indígenas.

Artículo publicado el 04 de diciembre de 2022 en la edición 1036 del semanario Ríodoce.