En el marco de la pandemia por COVID-19, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se despidió de su gestión gubernamental otorgando contratos millonarios por adjudicación directa para realizar obra pública en hospitales, cuando debió haber realizado procedimientos de licitación.

Los contratos están registrados dentro de la base de datos de ¿A dónde van mis impuestos?, un sitio creado por la asociación Iniciativa Sinaloa, que está alimentada exclusivamente con información de la plataforma nacional de transparencia.

La plataforma muestra cómo, de 2017 a 2021, se privilegió la contratación directa, ya que de 5 mil 029 contratos de la gestión estatal gubernamental anterior en obras públicas, 3 mil 438 fueron realizadas mediante contratos directos 848 por invitación y sólo 743 por licitación.

No se requiere escarbar mucho; en el primer vistazo de la plataforma muestra cómo fueron violadas las disposiciones legales para seguir los procedimientos de contratación de obras públicas en el último año de gobierno de Ordaz Coppel.

A partir de septiembre de 2020, con la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Sinaloa, la realización por invitación a tres contratistas desapareció, y solo quedaron dos opciones para la contratación, la licitación y por adjudicación directa. El nuevo marco legal dispuso que la adjudicación directa tenía como tope una inversión de 15 mil UMAS más IVA, alrededor de un millón y medio de pesos. Así cualquier inversión mayor a esa cantidad presuponía una necesaria licitación.

La base de datos tiene registrado que entregó un contrato de adjudicación directa por 121 millones 985 mil 372 pesos a la empresa Mtorres Desarrollo y Construcción SA de CV para la obra de construcción de la etapa 2 de la ampliación del Hospital Naval de Mazatlán. El contrato fue otorgado en el 17 de junio de 2021 con el número OPPU/FED/ADJ/FMAR/SSAL/1706/2021.

Por el monto de la inversión, la obra debió ser licitada a todas luces.

Otro caso registrado dentro de la base de datos de la plataforma ¿A dónde van mis impuestos? Es el otorgamiento de un contrato por adjudicación directa a la empresa Ingeniería y Control de Proyectos SA de CV, por 110 millones 967 mil 080 pesos por el concepto de sustitución por obra nueva del Hospital General de Culiacán 120 camas, en la ciudad de Culiacán. El contrato OPPU/FED/ADJ/FSB/SSAL/0109/2021 fue otorgado apenas dos meses antes de concluir la gestión gubernamental estatal.

Al igual que en el anterior caso, la inversión obligaba la realización de un procedimiento de licitación.
La base de datos también tiene registrado otro contrato millonario de adjudicación directa. Es el caso del contrato otorgado a Edificaciones 3 Ríos SA de CV por una inversión de 109 millones 113 mil 480 pesos, bajo el concepto de sustitución del Hospital Pediátrico de Sinaloa, sin contemplar la unidad de Hemato-Oncología en la ciudad de Culiacán.

El contrato quedó registrado con el número OPPU/FED/ADJ/FSB/SSAL/2708/2021, con fecha del 27 de agosto de 2021.

Tampoco el contrato debió haberse otorgado por adjudicación directa de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Sinaloa.

En los últimos meses del gobierno de Ordaz Coppel, aparece otro contrato más de adjudicación directa otorgado a la empresa MtorresDesarrollo y Construcción SA de CV por 27 millones 189 mil 270 pesos. El contrato fue entregado para la construcción por sustitución del Centro de Salud con servicios ampliados (CESSA) ubicado en Culiacán.

El contrato, que debió haber licitado, fue firmado también el día 27 de agosto de 2021.

La misma empresa de Mtorres Desarrollo y Construcciones SA de CV se le había otorgado por licitación un contrato por exactamente el mismo concepto: construcción por sustitución del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) ubicado en Culiacán. Fue el contrato OPPU-EST-LP-013-2019 por 120 millones 800 mil 402 pesos, firmado el 3 de junio de 2019.

Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, señala que durante la gestión de Ordaz Coppel se incurrió en los procesos de opacidad de las contrataciones, como parte de una actuación sistemática que acostumbraba no subir a su portal los contratos o los estudios de mercado.

Se siguió, cuestiona, privilegiando la adjudicación directa sobre la licitación pública, al aprovecharse de la pandemia.

La metodología que usa el portal denominada Karewa, replica la experiencia de otro monitor de uso de recursos públicos que funciona en Chihuahua enfocado en transparencia en contrataciones.

La plataforma permite visibilizar el comportamiento de los contratos con un formato más focalizado que podría inhibir los casos de posibles actos de corrupción.

Artículo publicado el 16 de octubre de 2022 en la edición 1029 del semanario Ríodoce.