El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no pasó la llamada “prueba del ácido”, luego que fuera abucheado por los aficionados que asistieron a la inauguración de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico en el estadio Teodoro Mariscal.

El “Químico” acompañó al gobernador Rubén Rocha Moya al juego inaugural entre Venados de Mazatlán y Charros de Jalisco.

Fue en la presentación de las autoridades, que el alcalde recibió el primer abucheo, al que el munícipe correspondió con un discreto saludo.

Posteriormente, todavía sobre el campo de juego, fueron invitados, Rocha a tirar la primera bola, y el “Químico” a batear.

Al precisar que el presidente de Mazatlán batería, la afición reprobó a gritos la asistencia del munícipe, pero ahora con más fuerza.

“¡Viejo rata!”, “No se vaya a robar el bat”, se escuchó desde el anonimato, junto con rechiflas y gritos.

El gobernador tiró la bola, el alcalde abanicó, y todos regresaron a sus lugares para dar paso al espectáculo musical y de fuegos pirotécnicos.

Rocha Moya salió mejor librado, toda vez que la afición mazatleca se limitó a aplaudir cuando fue mencionado.

Rocha en su palco, acompañado de la presidenta del DIF, Eneyda Rocha Ruiz, del director del Instituto Sinaloense del Deporte, Julio Cascajares, José Antonio Toledo, el “Toñeque”, y su secretario particular Alejandro Higuera Osuna.

El “Químico” Benítez se fue con sus acompañantes a una cabina.

El secretario del Ayuntamiento, Édgar González, se acercó al gobernador, con quién intercambió en corto algunas palabras.

El “Químico” y Édgar González se han visto envueltos en polémica durante las últimas semanas por el tema de la adjudicación directa que hizo el ayuntamiento para la compra de 2 mil 139 lámparas por 400.8 millones de pesos.

Además, por haber rescindido el contrato con la empresa vendedora, Azteca Lighting, SA de CV, y haber reservado el contenido de dicho procedimiento.

Ambas situaciones fueron criticadas por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien ya ha sugerido al alcalde resolver esa situación que lo tiene en la mira de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Congreso del Estado y la opinión pública.