Aprueban diputados permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028; AMLO agradece

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El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a la Cámara de Diputados la aprobación, por mayoría calificada, de la reforma constitucional que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Durante la conferencia de prensa matutina el jefe del Ejecutivo Federal, aprovechó para agreadecer a los legisladores “porque ya se aprobó que la Guardia Nacional sea apoyada por la Sedena y Marina, que continúe siendo apoyada, y que se fortalezca la Guardia Nacional”.

“Y no es militarizar, que no quieran los autoritarios ahora pasar como defensores de derechos humanos. ¿Qué hicieron los conservadores con el Ejército? Utilizarlo para reprimir, sin fundamento constitucional, de manera ilegal, usaban al Ejército, a la Marina para labores de seguridad pública, y además sin respeto a los derechos humanos, son unos reverendos hipócritas, y ahora que se ha hecho una reforma constitucional y se pone el acento en la defensa de los derechos, ahora se rasgan las vestiduras”, dijo el político tabasqueño desde Palacio Nacional.

La minuta fue turnada a los Congresos Estatales, por tratarse de una reforma constitucional, en donde deberá ser aprobada por la mitad más uno, es decir 17 congresos locales, para su entrada en vigor.

El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones. Se desecharon todas las reservas presentadas.

Los votos a favor correspondieron a casi la totalidad del grupo parlamentario de Morena (199), las bancadas completas de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM; 41) y del Trabajo (PT; 32), la mayoría de los legisladores del Revolucionario Institucional (PRI; 64) y tres diputados del de la Revolución Democrática (PRD).

En contra votaron los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN; 133), Movimiento Ciudadano (25), así como 12 diputados del de la Revolución Democrática (PRD), dos del Revolucionario Institucional (PRI) y los morenistas Inés Parra, Roberto Valenzuela y Manuel Vázquez Arellano -antes conocido como Omar García-, sobreviviente de Ayotzinapa.

Las abstenciones correspondieron a la diputada morenista Adela Ramos y a la priista María José Sánchez.

La reforma establece que, durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

La participación deberá ser: extraordinaria, que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución.

Habrá una constante fiscalización o supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública sólo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas.

Obliga al Ejecutivo para que rinda informes semestrales de la autorización a las Fuerzas Armadas para participar en labores de seguridad pública. Propone que la Cámara de Senadores evalúe el informe anual de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, para proponer que sean la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública las que desarrollen las tareas de seguridad finalmente, en términos del artículo 21 de la Constitución nacional.

Señala que a partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin.

El fondo se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un 25 por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

(Con información de Reporte Índigo y Aistegui Noticias)

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