Una investigación de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 México y Centroamérica, y SocialTIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, reveló que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han sido espiados al menos dos periodistas y un activista a través del malware Pegasus.

En la indagatoria titulada Ejército Espía publicada este domingo y que tuvo la colaboración de Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, se constató que el gobierno de la 4t utilizó el programa “Pegasus”, adquirido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para infectar entre 2019 y 2021 los celulares del periodista Ricardo Raphael, de otro periodista de Animal Político, quien pidió omitir su nombre y del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez.

“Estos ataques tienen algo en común: todos fueron espiados con el malware Pegasus en este sexenio, mientras hacían labores relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas”, señala la información.

La investigación señala que contrario a las promesas de López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió durante la actual administración un sistema de monitoreo remoto de información a la empresa NSO Group con representación exclusiva para vender Pegasus en México y que la Sedena “ha mentido sistemáticamente a diversas instancias para ocultar la existencia de dicho contrato”.

“Los hallazgos de esta investigación demuestran que el gobierno federal ha incumplido su compromiso de terminar con el espionaje ilegal en México, además de refutar las tesis sobre las que se ha basado la administración actual para profundizar la militarización en el país”, añade.

Los hallazgos de Citizen Lab señalan que la tres víctimas fueron atacadas con una versión mucho más avanzada de Pegasus en comparación con el sistema utilizado de manera masiva durante el sexenio de Peña Nieto: se instaló en los celulares mediante “ataques cero click”, es decir sin que las víctimas aprietan un vínculo malicioso enviado por mensaje, como en los casos que se documentaron en el pasado en México.

Una vez en el celular, Pegasus ofrece al operador el acceso total al aparato, incluyendo su memoria –y por ende sus conversaciones mediante servicios de mensajería como Whatsapp o Signal–, su micrófono, su sistema de geolocalización, su cámara y todas sus aplicaciones, incluyendo las de bancos, que almacenan toda la información financiera de una persona. Además de hurgar en el aparato, el agente puede usar el teléfono para sacar videos o prender el micrófono para grabar su dueño a escondidas.

El periodista Ricardo Raphael, actual conductor de ADN40 y articulista de Proceso, fue blanco regular de ataques de Pegasus durante la presente administración: el Citizen Lab certificó que su teléfono fue intervenido por lo menos cuatro veces entre el 30 de octubre de 2019 y el 27 de diciembre de 2020.

Durante las fases de infección de 2019, el periodista hacía la promoción de su libro Hijo de la Guerra, en el que documentaba el origen militar de Los Zetas. A la par, investigaba sobre casos de desaparición forzada –incluyendo el de los 43 normalistas de Ayotzinapa– y sobre la detención en Estados Unidos de Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue titular de la Sedena durante el sexenio de Peña Nieto.

Los ataques de diciembre de 2020 contra Ricardo Raphael coinciden con investigaciones diversas: una vertía sobre la desaparición de cerca de 60 jóvenes en manos de la Secretaría de Marina en la zona Norte de Tamaulipas, otra era sobre el Caso Wallace, y otra sobre Cienfuegos, al que las autoridades de Estados Unidos querían llevar ante la justicia por cargos de narcotráfico.

Ricardo Raphael ha sido una víctima histórica de Pegasus: apareció entre los 25 periodistas que fueron objetivos del Cisen entre mitades de 2016 y 2017 y cuyos casos fueron documentados en el Pegasus Project, una investigación internacional a la que participó Proceso y 16 medios internacionales, bajo la coordinación de Forbidden Stories.

Un periodista de Animal Político, quien prefirió guardar el anonimato y reservar los detalles de los ataques en su contra –que lo podrían identificar– fue espiado al menos una vez en el verano de 2021, mientras reporteaba violaciones a los derechos humanos perpetrados por fuerzas militares en una zona conflictiva del país. Al igual que en los demás casos, el Citizen Lab documentó y comprobó la infección.

Al frente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, otra víctima de espionaje durante el gobierno de la 4T, fue el activista Raymundo Ramos, quien lleva más de dos décadas documentando las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Tamaulipas, incluyendo el caso de las desapariciones forzadas de 49 personas perpetradas por soldados de la Secretaría de Marina en 2018. El comité que encabeza es la única organización legalmente registrada en ese estado, uno de los más conflictivos del país.

Su labor, que lo llevó a documentar delitos graves de militares de la Sedena, de la Semar y de fuerzas estatales, le ha valido la animadversión de las instituciones castrenses y de los sucesivos gobiernos de Tamaulipas, especialmente el del gobernador panista saliente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que lo tachó como “enemigo del Estado”.

Según los informes de Citizen Lab, el activista ha sido espiado en siete ocasiones, entre el 18 de agosto y el 3 de septiembre de 2020, fechas que coinciden con una visita a la Ciudad de México, en la que se reunió con “funcionarios del gobierno federal, periodistas y víctimas, y amigos personales”, relata Ramos en entrevista para la investigación.

Ramos, quien se encuentra bajo resguardo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y ha sido víctima de varias tentativas de secuestro, sostiene que por lo menos desde 2010 ha sido espiado, primero por el Cisen –en ese momento “lo vimos como normal”, comenta–, y a partir de 2013 empezaron las intervenciones de sus comunicaciones y de sus cuentas de redes sociales, hasta que en 2018 una fuente le indicó que su teléfono era monitoreado por la inteligencia militar y la naval.

En el marco de la investigación, señala Citizen Lab, se enviaron cuestionarios a la Sedena, la Presidencia de la República y NSO Group, pero hasta el cierre de la edición no enviaron respuesta.

La indagatoria señala que tiene documentados otros casos de espionaje, “y estos son apenas la punta del iceberg del espionaje gubernamental actual: ‘nuestro análisis de las operaciones de NSO y de Pegasus nos llevan a estar convencidos que Pegasus sigue siendo operacional en México”, dijo John Scott Railton, experto del Citizen Lab, quien agrega que los reportes son apenas una “pequeña señal de que hay muchos más casos que no hemos encontrado, que no se han revelado pero que están ahí fuera”.

Con información de Apro.