El titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó este jueves que se presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como una penal en contra del Juez Samuel Ventura Ramos, quien dio la orden de liberar a 24 presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014.
Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, Mejía Berdeja señaló que “no es la primera vez que este Juez emite este tipo de sentencias absolutorias. En días pasados absolvió a José Luis Abarca Velázquez [exalcalde de Iguala] por el delito de secuestro”.
El miércoles el Juez Ventura Ramos otorgó varias sentencias absolutorias a favor de 24 presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Esta mañana el Subsecretario Berdeja explicó que la sentencia absolutoria fue a 24 personas por el delito de homicidio calificado, ya que supuestamente habrían participado en el homicidio en grado de tentativa de Aldo “N”, el estudiante de Ayotzinapa que se encuentra en estado vegetativo desde el 2014.
Destacó que en total suman 120 libertades absolutorias dictadas por este Juez bajo el argumento de “cuestiones procesales de temas de debido proceso”.
“En nuestra opinión no ha sido no un debido proceso, sino un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa, por lo cual se va a proceder en consecuencia”, añadió.
Ayer el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, criticó la orden de liberar a las 24 personas señaladas por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas. Reiteró que con ello se volvió a cometer dicha resolución después de que también fuera absuelto José Luis Abarca, exalcalde de Iguala.
Asimismo, también dijo que espera que la Fiscalía General de la República (FGR) recurra a la causa que se abrió a inicios de 2018, cuando la FGR era la Procuraduría General de la República (PGR).
