La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (Recias) pidió al Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y al Congreso resolver la situación de Sergio Avendaño Coronel.
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La semana pasada Avendaño Coronel asumió la presidencia del Sistema y al mismo tiempo en una causa penal defiende al ex delegado de Sedatu, Rosendo Camacho Luque, acusado de delitos de corrupción.
En un pronunciamiento, los organismos exhortaron al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva y al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa (SAES) a que informen a los ciudadanos acerca de la situación de Avendaño Coronel, respecto a su actividad como abogado defensor de un ex funcionario público vinculado a proceso por casos de corrupción.
“Exigimos a la Secretaría Ejecutiva del SAES que indique si existe investigación sobre dicho caso, cuál es el estatus del mismo y posibles acciones a emprender”, señala el documento.
Menciona que “vemos con preocupación el silencio y falta de posicionamiento por parte de cada una de las instituciones que integran el Comité Coordinador del SAES: Auditoría Superior del Estado; Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y Tribunal de Justicia Administrativa, ante la situación actual que se atraviesa al interior del CPC”
Piden al Congreso que antes de publicar la convocatoria para elegir a las personas integrantes de la Comisión de Selección, es urgente y necesario que se aclare y resuelva la situación de Sergio Avendaño y que desde el propio Poder Legislativo se abra una nueva discusión del Sistema Anticorrupción, el papel del CPC y la labor de ambos en su vinculación con sociedad civil y manera de rendir cuentas a la sociedad, así como también los mecanismos de designación que servirán para conformar la próxima Comisión de Selección.
“Actualmente, contamos con un CPC donde la sociedad civil está ausente. Por ello, reiteramos nuestro cuestionamiento a cada una de las instituciones involucradas en la prevención, investigación y sanción de la corrupción, a que asuman responsabilidades al interior del Comité Coordinador”, indican.
Mencionan que Sinaloa necesita un CPC que sea visto por la sociedad como una herramienta para el combate a la corrupción y un puente entre gobierno y la ciudadanía, y no como un organismo para la simulación, la burocracia dorada y el derroche del recurso público.
