Con el fin de dar certeza jurídica, seguridad y estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios.
La propuesta de la referida legislación había sido planteada por el sector inmobiliario desde hace casi 30 años, expuso el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Ambrosio Chávez Chávez.
En tribuna en la presentación el dictamen aseguró que con la ley no habrá competencia desleal y se evitará la creación de monopolios de quienes pueden comprar y hacer negocios particulares.
Ante un grupo de agentes inmobiliarios que acudieron hoy jueves al Congreso del Estado, aseguró que esta ley es muy pertinente, toda vez que Sinaloa registra una marcada reactivación económica en el campo inmobiliario, principalmente en Mazatlán, la cual empezó a cobrar auge a raíz de la construcción de la autopista Mazatlán-Durango.
El diputado César Ismael Alarcón manifestó que el nuevo marco legal evitará la informalidad, los fraudes y la evasión fiscal en una actividad importante en la actividad económica de la vivienda, el cual es un pilar estratégico para la economía y un derecho básico del ser humano.
El diputado Luis Javier de la Rocha, afirmó que con la aprobación de esta ley se apoya a la competitividad que permite medir el desarrollo de una economía respecto a otras.
La aplicación e interpretación de la presente ley corresponderá a la Secretaría General del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa quien contará con nueve atribuciones siendo la primera recibir las solicitudes y en su caso, otorgar la licencia respectiva al agente inmobiliario e inscribirla en el Registro.
La Secretaría a través de la Dirección del Archivo General de Notarías del Estado de Sinaloa, actuará como órgano de apoyo técnico de la Secretaría, en relación con la aplicación de esta ley, de conformidad con las atribuciones que les confiere el reglamento respectivo.
La Dirección del Archivo General de Notarías del Estado de Sinaloa implementará las medidas necesarias a efecto de que los notarios públicos verifiquen, antes de formalizar cualquier acto jurídico de carácter inmobiliario, que el agente inmobiliario que en caso intervenga en dichas operaciones cuenten con la inscripción en registro y la licencia a que se refiere la presente ley, según proceda.
El dictamen fue presentado conjuntamente por las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Vivienda.
