Un juez federal dictó una orden de aprehensión por tortura contra Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien se desempeñó como encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
El ex funcionario es acusado de haber estado presente en la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, alias el Cepillo, a quien el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, interrogó y torturó para que apuntalara la llamada “versión histórica” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, de acuerdo a Aristegui Noticias.
El testimonio del Cepillo indicó que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al río San Juan, versión que ha sido desacreditada por la actual investigación del caso y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El 23 de abril del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) logó una orden de aprehensión contra Zerón por los probables delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.
La orden se derivó del video difundido en julio de 2020, en el que se observó cómo Zerón interrogó y torturó a Rodríguez Salgado, presunto integrante del grupo delincuencial Guerreros Unidos, que participó en la desaparición de los normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
En el vídeo de la tortura, el Cepillo aparece con la cara tapada, sentado y esposado. En un momento dado Zerón le espeta: “A la primera mamada que me digas, te mato güey“.
De acuerdo con versiones periodísticas, el juez de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, dictó la orden de aprehensión contra Ramírez Gutiérrez por los mismos delitos que se le atribuyen a Zerón.
Ramírez Gutiérrez tiene pendiente otra orden de aprehensión, por haber participado presumiblemente en la manipulación de indicios para acusar de narcotráfico a una mujer que sostenía un juicio de divorcio con su ex pareja.
