Por unanimidad el Congreso del Estado consideró están acreditadas las acusaciones señaladas por un grupo de viudas de policías que demandaron el Juicio Político contra el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro.
Por lo anterior el Poder Legislativo solicitará como sanción la inhabilitación del exalcalde para ocupar cargos, empleo o comisión en el servicio público por un periodo de seis años.
En conferencia conjunta, tras concluir la sesión secreta en donde se discutió el Juicio Político contra Estrada Ferreiro, la Junta de Coordinación Política que preside Feliciano Castro Meléndrez, leyó un comunicado en el cual detalló que el Pleno del Congreso del Estado formula una acusación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
En la sanción impuesto a Estrada Ferreiro se estableció también la destitución al cargo de alcalde, aunque no ocupa ese puesto, pero la sanción está contemplada dentro de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
Castro Meléndrez calicó el día de hoy como trascendental para la vida jurídica y política de Sinaloa, al emitir del Poder Legislativo por primera vez desde su creación en 1862, una acusación mediante el procedimiento de Juicio Político, como un mecanismo que salvaguarda los intereses públicos fundamentales, por violaciones graves a disposiciones expresas en la Constitución.
En el documento leído en compañía de los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política se precisó además que quedó acreditada la existencia de la probable responsabilidad de Estrada Ferreiro contenidas en el expediente de Juicio Político presentada por un grupo de mujeres viudas de policías fallecidos en el cumplimiento de su deber.
Detalló que las denunciantes legitimaron sus acusaciones con elementos de prueba y desahogados, en un proceso en el cual hubo igualdad de oportunidades dentro del procedimiento tanto por la parte acusadora como para Estrada Ferreiro.
“En el Congreso no estamos inventando nada”, aseguró Feliciano Castro Meléndrez sino que se conducen de acuerdo a los cauces que la Constitución y la leyes en la materia señalan.